El derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública

El derecho al acceso a la información pública es un derecho fundamental de todo ciudadano colombiano, amparado en nuestro país por la Ley 1712 de 2014, o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional. Hoy por desconocer muchos ciudadanos este derecho y por conocerlo muy poco otros, tenemos la necesidad de hacer esta información viral, popular en la comunidad y sobre todo en sus representantes, sus líderes y exigir de alguna manera que los gobernantes y los empleados públicos la conozcan, acepten y respeten.

Este derecho en una democracia, distinto de algunas de sus miserias como son la violación de derechos, el desconocimiento de deberes, la degradación del estado social de derecho y otras inmundicias más, goza de total legalidad y juridicidad; por eso en Colombia nuestros jueces y órganos de control lo deben hacer respetar. Dado su valor social un organismo internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho múltiples pronunciamientos a favor de su acatamiento, respeto y correcta aplicabilidad, porque sabe que “este derecho a saber” hace parte del ADN de toda sociedad civilizada y que respeta sus normas cabalmente.

Cuando a una autoridad territorial o a algún empleado público se le hace control social a sus decisiones, pronunciamientos y ejecutorias, generalmente esgrimen poder equivocado y se apropian una falsa majestad, pero con el solo propósito de eludir responsabilidades, y en ocasiones, para ocultar actos indebidos o incumplimiento de sus funciones y más aún, cuando éstos impactan a la comunidad. Pero lo que es peor, cuando se permiten informar, generalmente de manera informal o casual, construyen los argumentos de sus intervenciones con argucias, mentiras y engaños. Entonces, cuando el ciudadano común, los líderes sociales, comunitarios o políticos y la prensa les hacen requerimientos sobre esas afirmaciones, adoptan posturas de reyezuelos y creen ampararse en el falso principio de que “es mejor ser temido que respetado”.

No puede seguir haciendo carrera en estos funestos personajes, que desdicen de los buenos mandatarios y de los buenos funcionarios, que ellos pueden evadir este derecho fundamental de la gente, y mucho menos, que no tienen obligación de darle información a la ciudadanía .

Deben saber estos “gamonales de pacotilla” que acceden al servicio público, que ellos son sujetos obligados, por lo tanto deben cumplir lo ordenado por la Ley 1712 de 2014, y cumplir la entrega de la información a la ciudadanía, ya sea en forma directa con la rendición de cuentas, o a través de medios de comunicación propios como son páginas web, portales, etc., pero, y óigase bien, también se puede hacer a través de los periodistas, que muchas veces son la voz de los que no tienen voz en ciertos municipios y en zonas donde la barrera comunicacional con sus mandatarios y funcionarios, es impuesta por estos mismos, es decir, el obstáculo son esos malos funcionarios.

Cuando entregan información, el decir, falsedades o disfrazar falsedades para tratar de causar efecto psicológico de aceptación y creencia en la comunidad, eso se llama vil engaño. Recurrir a estos métodos se llama astucia y esto lo hace quien no tiene verdades que compartir con su pueblo o cuando su gestión es tan precaria u ofensiva, que se permiten abusar de la inteligencia o buena fe del pueblo. Esto se tipifica éticamente como degradación de la buena fe y reto a la paciencia social de la comunidad, esa, que cuando sus malos mandatarios y funcionarios la socavan, se sabe cómo y cuándo inicia la protesta, pero no se sabe cómo puede terminar.

Señores mandatarios, señores empleados públicos, señores sujetos obligados, cuando se le deposita la confianza a una persona, lo que esperan sus depositarios es que las cosas se hagan con transparencia, eficiencia y buenas intenciones.

Cuando deliberadamente se le miente al pueblo o se induce al pueblo al error o a creer falsas evidencias, igual o peor que el castigo penal es la sanción social, y esta es el desprecio y el descrédito ante sus conciudadanos y el calcinamiento moral de sus conciencias y credibilidad.