El fallo Blanco

La niña tenía 5 añitos y mientras caminaba de la mano de su padre frente a la empresa tabacalera en la ciudad de Burdeos, Francia, un vagón empujado por varios trabajadores se la arrebató hasta el punto que hubo que amputarle la pierna a la altura del muslo producto de las heridas causadas.

Pocos días después, el 24 de enero de 1872, el  señor Juan Blanco interpone demanda por los daños causados a su hija, perjuicios a su familia ya su patrimonio, solicitando que se declarara los trabajadores de la tabacalera como coautores del accidente pero además que se declarara al Estado como civilmente responsable a causa de sus empleados. Igualmente, que le pagaran  40.000 francos como indemnización debido a que la empresa de manufactura de tabacos pertenecía al Estado francés. El caso tuvo tanta controversia y peso que aunque en primera instancia fueron negadas las pretensiones pasó al Tribunal de Controversias que le atribuyó la jurisdicción del caso a los Tribunales Administrativos donde se le dio la razón al señor Juan Blanco.

Esta historia es tan importante debido a que gracias al fallo blanco del 08 de febrero de 1873, la responsabilidad del Estado por daños causados a particulares por personas que prestan un servicio público no podría seguir rigiéndose por el Código Civil sino por reglas especiales. Además, con el deber de conciliar las ventajas del Estado con los derechos de los particulares. Así las cosas, el tribunal de conflictos decide que la autoridad administrativa es la única competente para conocer del caso.

Ahora bien, aunque se afirma que el derecho administrativo nació con el fallo Blanco, también nos llega que desde la antigüedad en el derecho romano se presentaban aparatos públicos muy sofisticados y parecidos a un Consejo de Estado cuyas actuaciones producían efectos jurídicos sobre los particulares como por ejemplo, fijar competencias, funciones y potestades a las instituciones que lo integraban. De todas maneras el fallo Blanco tuvo tanta importancia que aún hoy después de 150 años se sigue discutiendo en la academia en clases de derecho administrativo para ilustrar a los estudiantes y futuros abogados cómo surgió a las diferentes jurisdicciones del mundo.

En nuestro país, tiene especial relevancia debido a que el General Santander desde 1826 implantó en una de las principales universidades de Ecuador la materia de derecho administrativo que posteriormente el mismo general la trajo a Colombia y que desde esa época se viene enseñando de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Posteriormente en 1913 surge la jurisdicción contenciosa con el Consejo de Estado como órgano se cierre.

El surgimiento del Consejo de Estado en Colombia tiene connotaciones hasta sentimentales debido a que fue instaurado por el libertador Simón Bolívar en 1817 cuando aún era un insurgente que luchaba contra los abusos de la monarquía española. Posteriormente, en 1830 en los tiempos cuando surge la República y el libertador fungía como jefe supremo de la nación colombiana, el Consejo de Estado obtiene su sanción constitucional. Adicionalmente en 1843, por orden del constituyente primario desaparece del ordenamiento jurídico para volver a surgir con la Constitución de 1886 y hasta nuestros días.

Por todo lo anterior es necesario afirmar que el procedimiento administrativo debe ser entendido como un cuerpo normativo en relación con el derecho de las personas que ya no estarán obligadas a acudir a los jueces frente a acciones u omisiones de la administración por lo que hoy la conceptualización de los derechos es más de proximidad. También cómo una relación dinámica, contacto directo, inmediatez y proximidad entre el Estado y el ciudadano acatando lo del artículo 2 de la Constitución de 1991 cuando ordena que los derechos sean eficaces y que se hagan efectivos en la misma sede o instancia administrativa.

En síntesis, la Constitución política de 1991 establece en el artículo 90 que el Estado será responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos. De acuerdo con la norma, la falla del servicio sigue siendo un elemento de la estructura de la responsabilidad pero no en todos los casos será exigible por el juez. En efecto, el Estado es responsable por el daño antijurídico cuando le sea imputable. Hoy el Estado será responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen sus agentes. Esto significa que el primer elemento que hay que analizar en la responsabilidad extracontractual del Estado es el daño y no la falla. Para concluir, son dos los requisitos que determinan la responsabilidad patrimonial del Estado: el daño y que le sea imputable al Estado: como ocurrió hace años con el fallo Blanco.