El limbo en la legislación laboral que hunde a La Guajira

Han transcurrido ya 83 días de huelga en la empresa Carbones del Cerrejón, posteriores a 6 meses de reducción de la actividad económica en La Guajira y el país como consecuencia de la pandemia; ahora, y luego de cumplidos los trámites que establece el código laboral, el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Trabajo debe convocar un Tribunal de Arbitramento que resuelva el conflicto laboral entre la empresa y su sindicato: Sintracarbón. Esta convocatoria permitirá que puedan regresar a trabajar más de 10.000 personas entre empleados directos e indirectos que dependen de la operación de este importante complejo minero.

El Ministerio de Trabajo tiene el soporte legal requerido para atender la solicitud de la empresa Cerrejón y realizar la convocatoria de Tribunal de Arbitramento Obligatorio lo más pronto posible, fundamentado en los convenios 87, 98 y 154 de la OIT, el Decreto 017 de 2016, el Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Resolución 3503 de 2017, dentro del marco de la Constitución Política, como único mecanismo efectivo para resolver los conflictos laborales.

Y dice exactamente que “la solicitud de Convocatoria de Tribunal de arbitramento la realizan los trabajadores o la organización sindical o el representante legal de la empresa ante el Ministerio del Trabajo sede central, en las direcciones territoriales, oficinas especiales o en las inspecciones de trabajo”. Lo que fácilmente podría entenderse como que una  o ambas partes pueden solicitar la conformación del Tribunal.

Sin embargo, en un Departamento cuya economía depende aproximadamente del 45% de la minería, que actualmente está afectada por la reducción de los precios del carbón, actividad comercial viene golpeada por el confinamiento; los casi tres meses de huelga en Cerrejón y bajo los recientes efectos del huracán Iota, siguen pasando los días de incertidumbre y angustia, aún teniendo la posibilidad de reactivar la operación y seguir negociando a través del Tribunal de Arbitramento. ¿Será que el Gobierno nacional tiene alguna dificultad para interpretar la legislación laboral vigente, permitiendo que la estabilidad económica de una región se pierda entre las “o” y las comas no puestas?

Es inaceptable la lentitud e inoperancia del Gobierno nacional, el bajo tono del Gobierno regional y el silencio de las familias que dependen de su trabajo en Cerrejón y las comunidades, que no tendrá cómo pagar el arriendo, los colegios, la matrícula de la universidad, los créditos bancarios, los servicios públicos (incluyendo el internet para que los muchachos estudien).

Luego de tres meses la región empieza a colapsar. Cada día de paro le cuesta a La Guajira y a Colombia cerca de $7.000 millones en términos de impuestos y regalías, sumado a los salarios y beneficios que reciben los trabajadores y servicios contratados de la operación minera. Hoy nadie tiene cara de pedir más “fiado” y ya nadie quiere fiar más.

¿Es qué no es obvio que el problema trasciende las banderas políticas? Señor ministro, no importa cuál sea su decisión, lo realmente importante es que actúe conforme a la Ley de manera oportuna, que garantice los intereses de todo un país y principalmente de La Guajira, que día a día está padeciendo una crisis más de las tantas que hoy nos afectan, como la pandemia del Covid-19 y la actual emergencia invernal, entre otros.