Es hora de acordar soluciones

El escenario estaba servido para el inédito volumen de protestas sociales que estamos sufriendo. A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional con los programas sociales, como el de Ingreso Solidario, según datos del Dane por efectos de la pandemia la pobreza monetaria en Colombia subió a 42,5% en 2020, con un aumento de 6,8 puntos porcentuales, lo que significa que 3,5 millones de personas entraron a esa condición de pobreza el año pasado. Por otro lado, la pobreza extrema subió a 15.1%, reflejando un incremento de 5,5 puntos.

Con esa situación social, que no es responsabilidad sólo de este gobierno, sino que es el resultado acumulado de varios gobiernos y del accionar de los dirigentes políticos, que no fueron capaces de prever e implementar efectivos programas sociales y económicos que enfrentaran las debilidades de nuestra sociedad, lo que nos exige una revisión profunda de la eficacia de nuestro sistema político. Con tantos nuevos pobres e indignados ciudadanos, que ven como súbitamente se les reducen las oportunidades y las esperanzas, las protestas, alimentadas por el odio que promueven reconocidos líderes políticos, no se hicieron esperar, aun desobedeciendo las medidas de bioseguridad y poniendo en riesgo la vida de muchos colombianos. El pico alto de casos fatales por contagios con el virus así lo están demostrando.

El fallido intento de una reforma tributaria inoportuna e inexplicada, a pesar de su nombre “Ley de solidaridad sostenible”, fue sólo el detonante de la explosión social. Aun cuando muchos de los que protestan no iban a ser afectados por la reforma, sino beneficiados, la expresión reforma tributaria tiene una connotación irritadora que tuvo sus efectos en el ánimo reprimido de la gente. Hoy se completarán 23 días continuos de protestas, mezcladas con hechos violentos y destructivos, contra las instituciones públicas, la propiedad privada y contra los derechos fundamentales consagrados en la constitución nacional, que han afectado profundamente la vida de los colombianos. No sólo se han producido pérdidas lamentables de vidas sino también la destrucción de fuentes de trabajo y el incremento de la pobreza, impidiendo la reactivación económica tan necesaria para ampliar las oportunidades de empleo y de ingresos que tanto reclaman muchos colombianos.

Me pregunto si habrá alguien que se encuentre satisfecho con la actual situación de crisis que estamos padeciendo, que en vez de solucionar la problemática social actual lo que hace es profundizarla. Sólo aquellos que tengan una inclinación sociópata podrían estar tranquilos con una situación que cada día destruye gradualmente nuestra economía y nuestra democracia. Nadie está exento de sufrir en carne propia, o la de su familia, sus potenciales nefastas consecuencias.

Es hora entonces de dialogar para buscar y acordar soluciones. Los errores cometidos, ya sea por parte del Gobierno nacional o por parte de los líderes de sectores políticos y sociales opositores –incluidos impulsores de los actos vandálicos que no alcancen a ser judicializados–, hay que asimilarlos como lecciones aprendidas que deben servir para evitar su repetición y sus consecuencias negativas para el país.

Los primeros acercamientos entre el equipo negociador del gobierno y el comité de paro nos confirman que no será una negociación fácil. Es algo totalmente previsible. Los equipos negociadores tienen una responsabilidad muy grande con la sociedad colombiana y por ello deben tener una actitud positiva, con mente abierta, una buena dosis de sindéresis y suficiente creatividad para construir soluciones con efectos sinérgicos.

Sería un error que el comité de paro, como parte de la negociación, asumiera la posición de exigir concesiones al gobierno que impliquen el incumplimiento de la Constitución y la ley que todos, desde el presidente hasta el más humilde de los colombianos, estamos obligados a cumplir. Igualmente sería un error que el gobierno no atendiera los reclamos de las posibles violaciones de los derechos humanos en que hubiere incurrido la fuerza pública y no tomara los correctivos apropiados en forma transparente.