El pasado 10 de octubre de 2019 se cumplieron 15 años de la captura de José María Barros Ipuana (1956), conocido como ‘Chema Bala’, destacado indígena wayuú del eirruku Ipuana y reconocido empresario portuario de la Alta Guajira, quien como dueño y accionista mayoritario de Servicios Portuarios de La Guajira, S.A., constituida el 18 de mayo de 2002, tenía bajo su responsabilidad el funcionamiento y administración del puerto de Wawariwuo, conocido como Portete.
Su captura fue realizada en una operación encubierta, en la que participó un grupo élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia (Dijín), que de forma clandestina y violando la soberanía del vecino país, el 10 de octubre de 2004 se introdujo subrepticiamente hasta el barrio Blanco de Maracaibo en el estado de Zulia, para retenerlo irregularmente, proceder en pocas horas a su extracción y una vez en Colombia legalizar su captura.
Como evidencia de la importancia que le dieron al resultado de esta operación, denominada Patria 67, hasta Riohacha se trasladaron con premura los directores de la Policía y la Dijin, quienes fueron los encargados de entregar las primeras declaraciones a los medios de comunicación.
Pese a que desde el 15 de julio de 2013 se había suscrito entre las AUC y el Gobierno nacional el llamado Acuerdo de Santa Fe de Ralito, que fungía como marco referencial para “iniciar una etapa de negociación” encaminada al “logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado”, y en el que se contemplaban unos compromisos por parte de las AUC para cesar inmediatamente sus ataques contra la población civil, en la Media y Alta Guajira la violencia paramilitar, contrariamente, adquiría proporciones insospechadas, llegando a alcanzar cuotas de horror y muerte nunca antes presenciadas, poniendo así en entredicho las bases de un acuerdo realizado a espaldas del país y de las víctimas que desde distintas orillas venía siendo duramente cuestionado.
En este contexto, José María Barros Ipuana, siendo probablemente el eslabón más frágil del complejo entramado criminal, de corrupción y clientelar que, catalizado por los paramilitares, se había instalado en la región décadas atrás, terminó siendo un ‘chivo expiatorio’ o ‘cabeza de turco’, sobre quien hacer recaer la responsabilidad de los hechos victimizantes y actividades ilícitas que se habían presentado y estaban teniendo lugar en ese entonces, para lo cual se hacía necesario sobredimensionar al máximo su poder, fusionando en su persona acciones desplegadas por una multiplicidad de actores de todo tipo.
Así las cosas, Barros Ipuana en el artículo titulado ‘El cacique José Chema Balas’, publicado en El Tiempo el 12 de octubre de 2004, a partir de reportes policiales es descrito como el wayuú que:
“Conoce y domina los cerca de 150 puertos naturales de la Alta Guajira, donde los narcos embarcan cargamentos de droga hacia las Antillas y Estados Unidos […] es reconocido ampliamente como uno de los líderes indígenas que domina el comercio ilícito y el narcotráfico en la región […] en los 90 manejaba gran parte de los embarques y las rutas del narcotráfico en Uribia. Es tal la influencia de este hombre en la región de Uribia –impuesta en muchas ocasiones tras el enfrentamiento a muerte con otros clanes– que […] era buscado en época electoral por algunos políticos de la región Caribe para que los ayudara no solo financieramente, sino con votos, porque él, por su influencia en sectores wayuú, ponía más de 30.000 personas a sufragar por quien él dijera. Era todo un cacique”.
Continúa mañana…