La inseguridad jurídica aturde

Colombia es la nación donde más leyes se aprueban en Latinoamérica. ¿Para qué aprobar tantas leyes innecesarias y contradictoras?  El régimen legal se aplica por interpretación, que resulta ser la opinión, particular y conceptual, de personas, jueces y salas de magistrados que sienta jurisprudencias interpretativa  para resolver asuntos demandados, utilizadas en enseñanzas catedráticas.

Las proliferaciones de leyes con  “micos”  colgados en algunas, no hacen más que generar confusiones e inseguridad jurídica, estremeciendo el espíritu por inconfiabilidad y riesgos peligrosos, afectando la actividad empresarial y personal.

Aprobar el Congreso cantidades de leyes, no sirve para calificar calidad legislativa. Las aprobaciones de leyes, en la práctica de corrupción, tienen su precio y valor oneroso para los congresistas a cambio de retribuciones negociadas. Lo grave del asunto es que la mayoría de senadores y representantes a la Cámara ni siquiera alcanzan a leer y estudiar el contenido de las leyes que aprueban. Qué pena y vergüenza en el poder legislativo de representación popular. Los parlamentarios se ganan un millón de pesos diario laborando 12 días en el mes. Disponen de 30 salarios mínimos, para ser distribuirlos entre asesores y auxiliares, conformando cada congresista, sus equipos de trabajo, suponiendo que deben saber sobre el contenido de los proyectos y los trámites operativos que se radican para darle curso de aprobación. Ignorar los parlamentarios los contenidos de leyes que aprueban, resulta un contrasentido de quienes no corresponden a sus deberes y obligaciones en el recinto legislativo  por las cuales reciben contraprestaciones remunerativas por valor de 28 millones mensuales.

Cuando las leyes marcan intereses a favor de determinados particular, se transforma el sentido general sobre el particular de la misma, desbordándose inconformismos manifestados de diversas formas, originando desórdenes e incertidumbre pública por las referenciadas normas que surgen por inequidad. Sin embargo, clandestinamente los parlamentarios que venden el voto en la aprobación de leyes, reciben jugosos ingresos a través de las bancadas políticas, carente de escrúpulos, honestidad y mala fe de quienes nos representan.   Multinacionales mineros energéticas, de comunicaciones e ingeniería civil que construyen infraestructuras viales e industriales, han sufragado dinero a miembros del Congreso, con la venia y facilitación de gobernantes de turno para las aprobaciones de leyes que los beneficien de manera personal, algunas en deterioro del patrimonio público y el derecho fundamental de igualdad a cambio de millones en dólares o divisas colombianas, causando graves daños y perjuicios a la nación, territorio locales y regionales, fraccionando los intereses colectivos que deberían defender, pero desgraciadamente la corrupción, los tuerce y arrastra por la plata que reciben que les sirve para reelegirse y perpetuarse atornillados en el Congreso.

La última ley disciplinaria conmocionó y convulsionó el panorama político en lo relacionado con concejales, diputados y servidores públicos de niveles superiores interesados en aspirar en elección popular de alcaldes y gobernadores por efecto de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en la Ley 1952/2019 sancionada por el presidente Iván Duque, cuando ya comenzaron la precampañas en las elecciones a celebrar el día 27 de octubre de este año. De igual forma, con la citada ley existen centenares o millares de leyes modificadas, casi en su totalidad de otras existentes, que solo requieren algunos ajustes y actualizaciones para mejorar la aplicación.

La inseguridad jurídica, enreda, desajusta, origina incertidumbre y aleja las inversiones, por la falta de confianza y en prevención de perjuicio, retrasando las acciones, pasmando el desarrollo por el surgimientos de dudas que requieren de claridad, garantías y pueden inhibir las ejecuciones o terminar en despachos judiciales en el ejercicio del derecho de defensa. Las tramitaciones administrativas se vuelven dispendiosas, tediosas y morosas, precisamente por las cantidades de normas que la afectan cargadas de requisitos e irrigadas de corrupción. Los países desarrollados conservan las vigencias de leyes con breves modificaciones, lo que permite mantener estabilidad institucional y la confianza en las autoridades, usuarios y gobernados.