La Procuraduría y los procesos disciplinarios

Por José Carlos Molina Becerra

Es muy frecuente encontrar empleados públicos preocupados, defendiéndose en las oficinas de la Procuraduría Regional y Nacional, e incluso en procesos judiciales. Se volvió una costumbre perversa en el ejercicio de la política, denunciar al que está gobernando. Y como el Estado es el titular de la potestad disciplinaria y la ejerce de manera preferente, mediante las entidades como la Procuraduría General de la Nación, las Personerías Distritales y Municipales, inician de inmediato las investigaciones preliminares. Conozco de alcaldes, gobernadores y otros funcionarios que terminaron su periodo hace más de diez años y aún están resolviendo temas en los organismos de control. Hay denuncias caprichosas, cuyo único fundamento es tratar de fastidiar e incomodar al gobernante; acusaciones que las colocan mediante algún anónimo, o utilizan personas de baja escolaridad que, mediante algún incentivo, se ofrecen para firmar e instaurar la denuncia. Desde luego que no todo es así, existen también por múltiples razones, equivocaciones y errores de los gobernantes que afectan la función pública.

Al momento de la investigación de las faltas, que presuntamente hayan sido violentadas por los servidores públicos o los particulares previstos en la ley, deberá siempre valorarse dentro de un debido proceso, y en un análisis riguroso, que la falta sea antijurídica (Contrario al derecho), y que haya afectado el deber funcional (Deberes del funcionario para cumplir los fines del Estado), sin justificación alguna. Si ello no fuere así, no debería haber una sanción para el investigado.

Este tema de la Afectación del deber funcional, ha generado en el país un debate jurídico. La discusión tiene como fundamento, si sólo basta que el funcionario público deje de hacer o se extralimite en el cumplimiento de la ley, para que sea merecedor de la sanción, o que, en ese incumplimiento de la ley, se haya perturbado o causado un perjuicio en el servicio público. Un elemento importante para el análisis del debate jurídico, es la figura de la Ilicitud Sustancial. Esa figura, contemplada en el artículo 5º de la Ley 734 de 2005 dice: “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”. Leído así, no daría mucho margen a otra interpretación distinta, que es la sola afectación del deber funcional sin que exista una justificación. Es decir, que el funcionario haya cometido un error, en el cumplimiento de sus funciones, sin importar si ese error afecte las finanzas del municipio o departamento, o cause un daño a la comunidad.

De acuerdo a mi criterio, el problema surge precisamente porque la Ilicitud Sustancial, en el derecho disciplinario sólo se refiere a la afectación del deber sin justificación alguna. Siendo esta una figura jurídica originaria del derecho penal, donde está íntimamente ligada a la antijuridicidad material. En ese sentido, la trasgresión de la norma jurídica positiva, lesiona o pone en peligro con la falta, un bien jurídico tutelado. Obsérvese, que está asociada la trasgresión de la norma a la lesión causada o a la puesta en peligro; no basta con que el comportamiento sea antijurídico, requiere, que exista un daño o si no se causó el daño, se haya puesto en peligro el bien jurídico. A mi juicio, si la violación de la norma, no causa un daño o pone en peligro el bien jurídico, la sanción debería ser menor o no ser sancionado.

Miremos el principio de Culpabilidad, que expresa lo siguiente: “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”. La pregunta sería: ¿Si se sanciona a un servidor público, por el sólo hecho de transgredir uno cualquiera de su deber funcional, sin que se cause un daño o se ponga en peligro el bien jurídico, no estaríamos frente a una forma de responsabilidad objetiva?; eso, sin meternos analizar las figuras del Dolo y la Culpa.