Para el año de 1992 este columnista era un estudiante de postgrado de la amadísima Universidad de Antioquia, claustro del que sus egresados nos sentimos orgullosos, en ella se respira conocimiento y se forjan constantemente hombres nuevos, aptos para una sociedad americana habida de liderazgos científicos.
Fue en la Facultad de Salud Pública ‘Abad Gómez’ donde obtuve la bendición para ostentar el título de posgrado como salubrista. No puedo dejar de narrar en pocas líneas la historia de las décadas de los 80 y de los 90 que fueron tortuosas para el país colombiano, se caracterizaron por un modelo de desarrollo excluyente, a lo cual se le sumó un conflicto armado interno, narcotráfico y violencia generalizada que generó el desplazamiento forzado de miles de personas hacia las áreas urbanas.
Es importante diferenciar el quiebre que se presentó en los ochenta, pues el narcotráfico es en esencia un fenómeno económico y global, mientras que el narcoterrorismo, si bien derivado e hijo siniestro del anterior, es un fenómeno político y nacional que, como tal, le correspondió sufrirlo al país con saldo de innumerables víctimas, entre las que se cuentan ministros, procuradores, magistrados, jueces, soldados, policías, oficiales, abogados, periodistas, políticos y muchos ciudadanos. Fue la época de la paz esquiva o del segundo régimen del terror, el primero fue con el pacificador Pablo Morillo.
En materia de salud por estos años en Colombia la Ley 10 de 1990 hacía sus pininos por reorganizar un anquilosado sistema higienista y asistencialista e instaurar uno nuevo enfocado en procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación.
El guiño de la ley 10 sirvió como sustrato junto con otros modelos de países vecinos para el nuevo Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, fue instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana, haciendo parte del Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social. Así el gobierno colombiano respondía al compromiso universal adquirido de “Salud para todos en el año 2000.
Así las cosas, la naciente Ley generó expectativas en el marco de las salud, pues su objetivo de regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población residente del país, en todos los niveles de atención., se vio afectado una vez los actores del sistema específicamente EPS, olfatearon la danza de los millones disponibles en las arcas del Estado y a los cuales se accedía con gran facilidad. La norma que surgió para hacer frente a un sistema de atención en salud inequitativo con serios problemas de acceso y calidad para la mayor parte de la población colombiana se vio afectada por el saqueo de los recursos y ajustes inoficiosas por constantes reformas desesperadas por favorecer a terceros, ha venido de tumbo en tumbo. Aquí los recursos de la salud han servido para todo menos para invertirlos en la salud de manera eficiente.
A la fecha no se tiene una cifra exacta, se estima que a 2023 son cerca de 50 billones de pesos lo que adeudan las EPS a las IPS públicas y privadas. Dentro de los conceptos que más abultan este déficit, se encuentran: falta de pago ante los liquidadores, mora ante hospitales públicos, clínicas privadas y profesionales de la salud, deudas ante proveedores de medicamentes e insumos, además de otras negligencias médicas, las cuales son demandas por sus usuarios. Hay que recordar que muchas EPS fueron objeto de liquidación y otras están en este proceso. La pregunta es ¿Quién le paga estos dineros a las IPS?
Para la Supersalud, el balance sería la clara muestra de la precariedad que se vive en el sistema actual, no solo desde el ámbito económico, sino que esto está afectando la prestación de los servicios, incumpliéndoles tanto a los usuarios como a los profesionales
Ahora si todo sistema de salud tiene como objetivo mantener y mejorar la salud de la población, y el eje de todas sus políticas, programas y acciones debe ser este y si la actual ley vigente fue mal manejada por los principales actores del sistema entre ellos Ministerio de Salud y EPS, y las administraciones anteriores fueron incapaces de mejorar la atención en el ámbito central, regional y territorial, es necesario una purga que limpie y purifique el sistema. Bienvenida y en horabuena la reforma al Sistema cuyo contenido apunta al manejo de los recursos por el Estado lo que representa un ahorro del 30% dineros con las que las EPS se enriquecieron con la mal llamada intermediación a costa de los recursos de la gente pobre. Las EPS no curan, las EPS facturan, glosan y concilian a su favor.
Ministra Carolina Corcho, “Póngale usted el cascabel al gato”. Para “Que la salud sea para todo el pueblo colombiano, que la salud sea para Colombia”.