No más trampa

Colombia está agitada por los estragos de una protesta continuada que toma carácter de una insurrección política popular. Lo primero que debemos reconocer es la legitimidad de esa protesta. Sin embargo, sí esa protesta deja de ser pacífica para convertirse en una horda violenta pierde de inmediato esa legitimidad. Las protestas civiles fortalecen la democracia y están garantizadas en la Constitución Nacional. En consecuencia, la policía debe proteger a todos los ciudadanos que participen pacíficamente en esa protesta.

A ella concurren personas de todas las ideologías. El hambre, la inequidad, la frustración, la desesperanza, no son resultados exclusivos de alguna ideología. Son deformaciones de cualquiera de ellas. Pueden padecerla por igual militantes de derecha o de izquierda.

Entre quienes protestan hay muchos que votaron por Duque, o por Petro, o por cualquier candidato. En cualquiera de sus orillas ideológicas sufren las consecuencias de la insatisfacción.

Protestar es un mecanismo de presión excelente. No obstante, si la protesta se traduce en vandalismo pierde legitimidad y debe ser rechazada por todos. Es deber del estado restablecer el orden con la utilización de la fuerza pública si se hace indispensable pero la fuerza pública debe utilizarse dentro del marco de la constitución y la ley.

El vandalismo perjudica a la protesta pacífica, le quita su razón de ser, permite que sea mal intérprete. Que surjan acusaciones que provienen de distintos flancos. Se vuelve una guerra de todos contra todos en donde hay mutuas, rebuscadas y temerarias acusaciones.

El detonante de la actual protesta fue la presentación de una reforma tributaria inoportuna, de contenidos inequitativos y no previamente consultada con la sociedad. Una reforma presentada con terquedad y sin ningún olfato político.

Pero no nos equivoquemos, las causas del descontento popular que ha generado unas marchas jamás vistas en nuestra historia son más profundas. Por eso el simple hecho de retirar la reforma no acabó la protesta. Quienes ejercemos cualquier posibilidad de influir en la opinión ciudadana debemos hacer un llamado a todas las partes que componen nuestra sociedad a sentarse a dialogar. Que inicien ya un diálogo sincero que genere acuerdos para la transformación real de nuestro país.

Los cambios deben ser muchos, muy profundos y muy rápidos. Para encontrar consensos todas las partes tienen que ceder. Debemos renunciar a los egos que tanto contaminan a nuestra democracia. Quienes Todos los colombianos debemos aportar nuestro grano de arena para establecer compromisos.

El Gobierno Nacional, los gobernadores, los alcaldes, los organismos de control, las fuerzas armadas, la sociedad civil, todos.

Debemos acometer un cambio profundo a nuestro sistema de justicia, a nuestro sistema electoral, a toda forma de desigualdad que genere inequidad.

Estos compromisos deben ser serios y altruistas para poder hacer una profunda y necesaria reingeniería del Estado. Debemos combatir toda forma de corrupción, erradicar la impunidad, establecer severas penas para delincuentes y corruptos, implementar códigos de honor y ética para todos nuestros procedimientos, exigir rigurosos procesos de selección para escoger funcionarios y candidatos, hacer campañas para concientizar al elector vulnerable. La justicia y los entes de control, deben acelerar las denuncias de corrupción contra los funcionarios públicos, las sentencias deben ser expeditas y ejemplarizantes, deben promulgarse dentro de plazos perentorios.

La sociedad civil debe colaborar desde sus diferentes posiciones a construir una sociedad sin discursos de odios o violencia.

Ningún discurso que invite a la violencia, al odio, a culpar a los demás de ser los malos, tiene valor. Hay que respetar la institucionalidad, a su vez esta debe respetar a los ciudadanos, propender por el bien común de todos.

Esa es en términos elementales la teoría de Estado que debemos imponer si pretendemos la sana convivencia de nuestra sociedad.

No es momento de señalar con el dedo a los culpables. Las causas de esta insurrección son múltiples, se han venido acumulando durante muchos años de trampa a nuestra democracia.

Trampa en las elecciones, trampa en todos los procesos gubernamentales, trampa institucional generalizada, en lo pequeño y en lo grande, trampa enquistada de manera cultural en todas las esferas de nuestra sociedad.

Por ahí debemos comenzar el cambio. Elaborar un marco legal al que debemos someternos todos los colombianos, sin trampa y sin engaños. Es nuestro único camino. Se necesitan líderes que motiven a la sociedad para esta simple y necesaria transformación. No más trampa.