Políticas públicas en tiempos de pandemia

La pandemia de la Covid-19 ha puesto en cuestión el orden de prioridades con el que se había regido el mundo hasta ahora, ha desnudado las grandes falencias que padece la institucionalidad a nivel global, lo cual poco a poco ha ido copando la agenda política y mediática. Como señala Silva Luján (2020): “Estas realidades transitarán rápidamente a regir la dinámica de los procesos electorales, como ya ocurre en la campaña presidencial en los Estados Unidos. Las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia no serán la excepción”.

En tales circunstancias desde distintas tribunas se habla de la necesidad de pensar e imaginar un nuevo orden para la gobernanza mundial. Por razones obvias, la crisis ha descobijado la fragilidad de los sistemas de salud pública cuya privatización devino un enorme obstáculo para que sus servicios sean realmente universales. Por ello “debemos lograr que la cobertura sanitaria y el acceso a una atención médica de calidad sean universales, sin excluir a nadie”. (ONU, 2015).

Igualmente resulta indudable que el cuidado de la naturaleza es hoy por hoy un asunto de vida o muerte para la especie humana. De hecho, distintos organismos internacionales han alertado sobre los efectos catastróficos que tendría para la vida en el planeta la persistencia de un modelo de desarrollo que privilegia la sobreexplotación de los recursos naturales. A ese respecto la Agenda 2030 (ONU, 2015) precisa que: Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Este propósito implica una mayor inversión en ciencia y tecnología, puesto que “los peligros naturales no se combaten con armas, sino con ciencia. La vida se hace humana cuando aplicamos la ciencia. Me refiero no solo a las ciencias físicas y la tecnología, sino al conocimiento en general”. (Savater, 2020).

Un tercer aspecto, insoslayable en el momento de proyectar ese nuevo orden mundial, se refiere a las abismales diferencias sociales, a la pobreza a gran escala y a las enormes brechas económicas, científicas y tecnológicas entre países que la crisis generada por el coronavirus ha mostrado en su real y dolorosa dimensión. Sobre este particular, la Agenda 2030 (ONU, 2015) plantea como metas “poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos”, es decir, el propósito es “construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”. 

Ahora bien: En Colombia la emergencia del Covid-19 sorprendió al país en pleno proceso de formulación de los planes de desarrollo locales y regionales que, en virtud de ese hecho tozudo, necesariamente deberán replantearse si de verdad se aspira a que consulten cabalmente las nuevas realidades derivadas de la crisis, pues “después de décadas en que los temas asociados a la violencia, la guerra, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico dominaron la agenda de manera agobiante, la pandemia llega con su propia agenda debajo del brazo”. (Silva Luján, 2020). 

En ese orden de ideas, los planes que se entregarán el próximo 1 de junio deberán (o deberían) tener como eje transversal aquellas flaquezas sociales, económicas e institucionales que la pandemia ha puesto en escandalosa evidencia, esto es, la desigualdad social, la pobreza en que está sumida la mayor parte de la población, la precariedad del empleo (50% es informal) y la extrema vulnerabilidad del sistema de salud pública. (Dane, 2019).

En otras palabras, estos planes, como el instrumento de planeación que guiará la gestión durante los próximos cuatro años, deberán centrarse en el desarrollo humano que comprende bienes como empleo, educación salud, cultura, etc. Y ello resulta aún más urgente en la medida en que lo que se avizora en el horizonte no es nada alentador. Según Ávila Pinto 2020) los efectos de la crisis serán devastadores: “7,3 millones de personas –unos dos millones de familias– que en 2019 se encontraban dentro del grupo de los vulnerables o de la clase media, pasarían a engrosar las filas de los pobres”, entre otras secuelas.