Por dinero se protege más a la minería, que al medio ambiente

Insólito lo que vivimos, estamos frente a una catástrofe ambiental originada por cambio climático y el recalentamiento global terrestre.

Sin embargo, en vez de frenarlo, más bien lo aceleramos, con acciones humanas que contaminan el ecosistema y secan las fuentes de agua, causando daños irreversibles. Solo piensan calculando los montones de dólares que recibirían los gobiernos de turno con las explotaciones de gas y petróleo con técnicas fracking, desestimando y minimizando los daños ambientales que no lo reparan ninguna cantidad de dólares con que se ilusionan. No es lógico permitir, que el dinero que beneficie a unos pocos, pongan en peligro el ecosistema ambiental, la salud y la vida, fauna y flora.

La minería, la tala de árboles, las infraestructuras viales y eléctricas, complementado con las expulsiones de gases carbónicos, toxico y los malos manejos de residuos sólidos y líquidos generan degradación de la biodiversidad, aniquilando las corrientes y fuentes hídricas, superficiales y subterráneas, conllevando consecuencias trágicas para la vida.

La indolencia de quienes gobiernan es inaudita, les interesa la oportunidad de beneficio presente, sin importar la suerte futura que se originen por los malos tratos que le damos a la naturaleza. La alarma del desastre natural que se avecinan, están latentes aún cuando hagan caso omiso con recomendaciones de urgencia, tales como la de sustituir los combustibles fósiles y carbón por energía alternativa, basada en sol, aire, agua y biomasa, previniéndose que en aproximadamente 10 años se cumplan con los limites establecido en los acuerdos de Kioto y París, suscritos por miembros de países y naciones integrados en la ONU, con excepción de EE.UU., para ponerle fin al uso del petróleo, gas y carbón.

En Colombia existe un rechazo en los proyectos de explotaciones de minería, manifestado mediante Consulta Popular. Pero peor aún, menos quieren explotaciones de hidrocarburos con sistemas y técnicas del fraking, precisamente por los daños contaminantes que causa en los predios territoriales de la nación, donde por desgracia se perfora por la fuerza o maniobras engañosas manipuladas.

El gobierno justifica desabastecimiento de gas y combustible para el consumo interno, porque originan incrementos en las importaciones de los citados productos, alegando consecuencias, déficit en las obligaciones de la deuda externa y encarecimiento de la canasta familiar.

Sin embargo, las alternativas no van dirigidas a cambiar el sistema de suministro de energía convencional imperante por las alternativas mediatas, sino a utilizar las prácticas de uso del fraking, que contaminan las aguas subterráneas porque se necesita dinero para cubrir los desastres de la corrupción con los recursos de regalías, que únicamente beneficia a gobernantes, dejando ruinas el ecosistema para las nuevas generaciones.

El poder judicial es un estamento inseguro, carente de confiabilidad y de credibilidad. Actúa como bambalina gelatinosa, en constantes contradicciones, que los dejan en entre dicho por circunstancias de precisión y derecho. Deciden una cosa y después contradictoriamente reversando, generando dudas, confusiones e incertidumbre.

El pueblo es el contribuyente primario y sus decisiones superan la de los poderes públicos. La Corte Constitucional limita y prohíbe a los ciudadanos que, mediante uso de la acción pública, (“Consulta Popular”), se opongan y rechacen las explotaciones mineras en las jurisdicciones municipales, negando de manera nefasta, el derecho a la defensa de un ambiente sano, la protección y conservación de ecosistemas ambientales, privilegiando la corrupción. La soberanía popular democrática, es superior a todos los poderes que de ella originen, en consecuencia, debemos ignorar y desobedecer fallos judiciales amañados y comprados, que faciliten las operaciones minera, así se trate de pruebas pilotos, ya que las decisiones van direccionadas a favorecer a los operadores que explotan minerales e hidrocarburo, con chorros de dinero a cambio de compensaciones económicas que no ingresan a las arcas de la nación, sino a los bolsillos de los gobernantes corruptos.