¡Presunto desaciertos y deficiencias en la contratación pública!

De tal modo, surge preguntarse; aunque la modalidad de selección procediera en el rango de cuantía, debió prevalecer la licitación pública, siendo esta más garantistas de acuerdo con lo establecido en los principios de publicidad y transparencia, en virtud de la efectividad contractual.

Entonces de lo expuesto, cabe advertir; el Concejo municipal para ejercer su derecho al control político contra la administración debió de manera previa y sensata solicitar información supeditada a las etapas de la contratación con carácter prioritario que les permitiera: I) revisar los estudios previos, II) analizar si las observaciones de los oferentes y las respuestas de la administración fueron ajustadas a derecho con los criterios de objetividad contractual, III) tener la certeza si existió pluralidad de oferentes, IV) verificar si la administración municipal fue garante con los términos – plazos y la selección objetiva durante el proceso contractual, V) constatar que el valor contratado de $245.000.000 se encontraba en el rango legal de una menor cuantía vigencia – 2020 con tope hasta 280 S.M.L.V, que les identificara la modalidad de selección idónea, siendo el primer criterio para iniciar una contratación estatal.

En ese orden de ideas, las partes se desgastaron en un debate sin evidencias contractuales en tiempo, modo y lugar, tal vez, por falta de asesoría jurídica a los Honorables para estructurar un cuestionario más objetivo con fines de ejercer control político ibídem.  De tal modo, una vez revisado el informe emitido por el secretario de Salud el día 27 de mayo de 2021, se limitó a correr traslado por competencia y no resolvieron el cuestionario formulado de manera integral para la fecha del debate de control político. En consecuencia, tanto el cuestionario y las respuestas no resuelven objetivamente la Litis – discusión entre el Honorable concejo y la administración, en lo cual les permitiera entre las partes esclarecer imperativo a la Ley 1474 de 2011, los “mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en el caso si los hubiere, según lo formulado por el Concejo.

A propósito del anterior contexto, se deduce la conexidad entre los conceptos de administración y gestión pública – ejecución de la contratación pública en una administración y la garantía de derechos políticos adheridos a los sufragantes. Estas actuaciones deben ejercerse con diligencia y decoro por tratarse de administrar y ejecutar dineros públicos realizando seguimiento con efectividad.

Con fundamento de lo expuesto de las dos situaciones jurídicas, es oportuno indicar lo siguiente: I) en materia contractual cualquiera que sea la modalidad de selección todas las etapas deberán estar ceñidas a la norma o en lo opuesto discrepo, cuando de manera subjetiva, existan prácticas contrarias para tipificar algunos criterios que conduzcan a la adjudicación más conveniente.

Señalo, del II) contexto se desprende que la efectividad del derecho a la revocatoria resulta del cumplimiento de las etapas precitadas, requisito sine qua non – necesario, que los ciudadanos obedezcan con las cargas y preceptos en la ley. En el entendido, si los ciudadanos interesados en el procedimiento han cumplido con las mismas respectivas, las entidades que participan les ostenta el deber constitucional de disponer y adelantar lo necesario y pertinente para avanzar con el fin propuesto de la presente Litis – discrepancia por el presunto incumplimiento al plan de Gobierno.

Corolario, los derechos constitucionales expuestos son inherentes a toda persona de conocer, denunciar, solicitar y por supuesto proponer con criterios objetivos, y el resultado evidencie aunar esfuerzos encaminados al fortalecimiento de la institucionalidad, máxime el interés general al desarrollo económico y educativo como base fundamental de una sociedad, teniendo en cuenta que la finalidad de la política social y de Estado, se considera como el arte de gobernar con observancia a hechos reales en una sociedad incluyente, con políticas de inversión equitativas, satisfaciendo la distribución de recursos por el bien común.