Propuesta para solucionar el hacinamiento carcelario en Colombia

El sostenimiento de un preso en las cárceles colombianas le cuesta al Estado $1.800.000 al mes. Quiere decir que al año le cuesta $21.600.000. como hoy son 116.000 personas privadas de la libertad, lo que le cuesta al Estado colombiano el sostenimiento en el año de todos los penados es de $2.505.600.000.000. Dos billones quinientos cinco mil seiscientos millones de pesos.

Mientras tanto, se podría afirmar que el Sistema Penal Oral Acusatorio de Colombia es una fiel copia del sistema norteamericano con la diferencia de que acá recae la decisión sobre un juez y no sobre un jurado como allá. Esto se dio con la llegada en 1991 de la Constitución donde nace la Fiscalía General de la Nación y se cambia el paradigma del fin esencial de la pena de prisión en el país.

Ahora bien, el Estado norteamericano viene desarrollando cursos sobre alternatividad penal para aplicarlo a su ordenamiento jurídico que le ha dado excelentes resultados. Se debe recordar que en los Estados Unidos existen unas penas de muerte ejecutadas en la silla eléctrica, inyección letal, cámaras de gas y que además también tuvo la horca. Este país ha sido muy fuerte en sus sanciones penales como por ejemplo la cadena perpetua. Pero con estudios que han realizado internamente se ha demostrado que con esas clases de penas y sanciones que purgan sus condenados en el centro carcelario, cuando logran salir de la prisión, salen a seguir delinquiendo. Por lo tanto, se les presenta el problema de reincidencia.

Este problema de la reincidencia lo vienen tratando en forma distinta a como lo hacemos internamente en Colombia. Cambiaron las penas privativas de la libertad intramural por penas alternativas sin que con ello conlleve a que el Estado sea ineficaz en lo relacionado a aplicar a la sanción penal, todo lo contrario, en las sanciones alternativas se cumplen los fines esenciales de las penas como es la resocialización para que esa persona regrese a la sociedad siendo productiva dejando de reincidir debido a que como acá dentro de las cárceles se corrompe más.

De hecho, los norteamericanos han implementado penas alternativas que se aplican no solo para los delitos menores sino distintivamente para todos los delitos sin importar la peligrosidad o conducta del sujeto. Todos sus penados se hicieron a beneficios de esa alternativa penal: el trabajo en la comunidad. Quiere decir que los que regresan a la comunidad, pero les implementan capacitaciones con personas especializadas e idóneas que trabajan con los penados en muchas órdenes y frentes destinados a que se puedan resocializar.

Ciertamente, la comunidad los recibe como en una especie de adopción en el sector para que realicen un trabajo vigilado y supervisado por los especialistas. Se creó un departamento encargado de este trabajo de resocialización que demostró que cuando el penado termina de pagar su pena haciendo trabajo comunitario regresa a la sociedad resocializado y se evitan el problema de la reincidencia.

En efecto, ha dado tanto resultado en los Estados Unidos que las cárceles en varios estados las han ido cerrando paulatinamente por falta de presos y sus instalaciones se van convirtiendo en centro de capacitación, academias, museos, colegios o bibliotecas.

Los norteamericanos demostraron estadísticamente que una persona privada de la libertad intramural le cuesta mucho dinero al Estado, dinero que hoy están invirtiendo en la comunidad en otros frentes. Los penados cuando están trabajando para la comunidad representan menos gasto para el Estado, pero además se están resocializando y lo más probable es que no vuelvan a delinquir.

Por lo anterior, me animo a proponer que por medio del  gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en Colombia, en convenio con el Estado Colombiano, se envíe una comisión a los Estados Unidos de: jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad,  jueces de conocimiento, jueces de control de garantías, representantes de la embajada de Colombia en Estados Unidos, personal administrativo del Ministerio de Justicia y del Derecho, Magistrados de las altas Cortes relacionados con el derecho penal, Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, directores de cárceles de Colombia e igualmente a representantes de la Fiscalía General de la Nación a hacer un curso donde se les forme y capacite sobre la alternativa en las penas aplicadas.

Asimismo, que desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se empiece a organizar todo lo relacionado para implementar lo aprendido por la comisión que puede regresar al país a implementar lo aprendido en tierras norteamericanas para empezar a descongestionar las cárceles colombianas.

En síntesis, lo más importante, es que la sociedad colombiana esté dispuesta a darles una nueva oportunidad adoptándolos para que se puedan resocializar. Y que los centros de reclusión convertidos en bibliotecas, colegios o museos por falta de presos sería un gran paso para la comunidad colombiana demostrando que el estado de derecho si funciona.