El 25 de enero del 2012, como apoderado de numerosos resguardos, colocamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, una petición para promover la observancia, la defensa y protección de derechos humanos de los indígenas ubicados en el departamento de La Guajira y se restablezca el goce de los derechos a la consulta previa, que estaban siendo vulnerados dentro del trámite de aprobación de un Nuevo Sistema de Regalías, modificando los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.
Recordemos que los argumentos de defensa del Estado fueron que la aprobación sin consulta previa del Acto Legislativo 05 de 2011 no constituyó una afectación directa a las comunidades indígenas y por tanto no existía la obligación nacional o internacional de consultarlos para su aprobación y que la Ley reglamentaria 1530 de 2012 fue consultada, pero los pueblos indígenas se rehusaron a participar en el proceso.
Un hecho curioso que destacamos en el proceso, que nos pareció un acto doloso, fue lo sucedido con la magistrada encargada, que definió con su voto la exequibilidad del Acto Legislativo 05 de 2011, la doctora Adriana Guillen, esposa del exprocurador Edgardo Maya Villazón, nombrada por el presidente Santos como directora de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, cargo que abandonó Fernando Carrillo para pasar a un puesto ministerial.
La abogada Adriana Guillen recibió ese nombramiento al día siguiente de la dejación del cargo de magistrada de la Corte Constitucional, en abierta violación de la prohibición que el artículo 245 de la Constitución que prohíbe al Gobierno “conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante su periodo de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro”. Preocupante este aspecto, en especial por la forma como esta magistrada con su voto en contra de la inexequibilidad definió el tema de regalías que benefició al Gobierno. Una explicación le solicitamos al señor presidente Santos sin obtener respuesta alguna, por lo que solo nos quedó el nivel internacional para obtener justicia.
En mensaje de fecha 17 de agosto de 2020, en concreto, nos hace saber la Cidh que aprobó el informe sobre admisibilidad que nos acompañaron con el escrito, y pone a disposición de las partes la posibilidad de llegar a una solución amistosa del asunto.
Según la práctica actual, la Cidh, al momento de transmitir a las partes el informe de admisibilidad, se coloca a disposición de estas para llegar a una solución amistosa del asunto. El procedimiento de solución amistosa se inicia y continúa con base en el consentimiento de las partes.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado nos manifiesta en una comunicación lo siguiente: “La Cidh solicitó al Estado colombiano que, en el plazo de un mes, manifieste su intención de iniciar un proceso de búsqueda de solución amistosa en el caso del asunto; plazo que en todo caso es indicativo, ya que ni en el Reglamento de la Cidh, ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece un término específico para dar inicio al proceso de búsqueda de solución amistosa”.
En varias comunicaciones el Gobierno solicita una propuesta concreta en materia de reparaciones, con el fin de determinar la viabilidad de iniciar un proceso de búsqueda de solución amistosa. Hasta la fecha, estamos elaborando con las autoridades correspondientes esas posibles propuestas.
El doctor Nemesio Roys manifestó el apoyo al proceso, al igual que el alcalde Uribia, documentos que reposan ante el Gobierno nacional y la Cidh.
El representante a la Cámara, Alfredo Deluque, y los senadores José David Name y José Obdulio Gaviria, vienen ayudando para que el Gobierno le dé viabilidad a una propuesta de los wayuú y se logre así un acuerdo amistoso a este conflicto internacional.
Creemos que la propuesta debe incluir de preferencia unas reparaciones económicas que se traduzcan en proyectos de inversiones a la población wayuú, además, unas medidas de satisfacción y de no repetición.
Se hace necesario iniciar los diálogos y reuniones de trabajo para realizar y concretar un acuerdo que satisfaga los intereses del pueblo wayuú en cuanto a los recursos de regalías.
Esperemos que todo transcurra bien y logremos resultados positivos.