Reforma a la justicia, pero…

Por Ignacio Rafael Escudero Fuentes

No se discute que, la introducción de parámetros dentro de las constituciones que determinen su modificación, garantiza el hecho que el texto mismo sea perdurable, pues una constitución, debido a las diferentes mutaciones que sufre la sociedad civil dentro de un Estado determinado, “ha de ser necesariamente modificable”, (Ruiperez 1992, pág. 235).

Lo que no está bien es que, las reformas sean producto de la polarización partidista y no para resolver los problemas que aquejan al ciudadano de a pie; al final los cambios quedan sumergidos en la agenda partidista de unos y otros, todos buscando tragar más salivas y no para resolver problemas que aquejan al ciudadano de a pie con una justicia pronta, imparcial y cumplida. Así, pueden hacer todas las reformas que quieran.

No esperemos nada diferente. Esto sería lo grave, pero probable teniendo en cuenta que el único mecanismo que ha operado en Colombia desde que entró en vigencia la Constitución de 1991, es mediante Acto Legislativo expedido por el Congreso, corporación donde están atrincherado los bandos que no inspiran ni confianza, menos respeto para pensar en una verdadera reforma que apunte a la solución de los gravísimos problemas por los que atraviesa la justicia.

Es irrebatible que la justicia está en crisis. Lo está por la altísima tasa de impunidad de delitos (94 por ciento), el informe de la Contraloría revelado esta semana, 1.800.000 procesos se acumularon de 2018 a 2019. Este número subió a 1.900.000 de 2019 a 2020. O sea, en vez de reducirse, se está aumentando la congestión judicial. Lo mismo constata la Corporación Excelencia en la Justicia, que señala que la congestión ha aumentado de 44% en 2010 a 52,5% en 2019.

Las anteriores razones, hacen necesario y urgente una reforma, pero no la que se está planteando. Existe un proyecto de acto legislativo –reforma de la Constitución– del Ministerio de Justicia, enfocado en reformar aspectos como requisitos y periodos de los magistrados, suspensión y acelerar el juzgamiento de estos en casos que afecten la credibilidad de la justicia, y dejar de judicializar algunas conductas, así como un plan de descongestión a tres años.

Otro, una ley estatutaria que propone el Consejo Superior de la Judicatura. Pretende, autonomía presupuestal de la Rama Judicial, así como un mayor presupuesto, fortalecer la carrera judicial y regular algunos aspectos pendientes desde 2015, como conformar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que sanciona a jueces, fiscales y abogados; y un tercer proyecto mediante Ley ordinaria que, está centrado en mejorar el acceso a la justicia y que esta llegue más a los espacios local y rural.

Algunos sectores, proponen la creación de Corte Única; otros, proponen mantener las existentes y convertir al Consejo Nacional Electoral en otra Corte que se dedique judicialmente a dirimir los conflictos que se generan como consecuencia de los procesos electorales en el país.

Lo cierto es que, cualquier reforma que emane del Congreso, no es confiable ni inspira respeto; sería importante ensayar por vía Referendo o Asamblea Nacional Constituyente prevista en la Constitución de 1991, artículo 374, pero es poco probable.

Considero, salvo opinión en contrario que, uno –porque son varios- problema de la justicia colombiana, es la manera como se escogen los magistrados de las altas cortes, sobre todo Constitucional, Fiscal General de la Nación, hay que despolitizar la justicia e implementar el expediente digital, o el ‘salto virtual’ al que nos llevó la pandemia del Covid 19, para avanzar en otras estrategias que permitiría que los procesos dejen de ser enormes expedientes de papel, para estar en medios virtuales.

Es una magnífica oportunidad la que nos trajo la pandemia, el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial que, mediante otros mecanismos como la creación de nuevos despachos judiciales o la expansión de infraestructura física de la rama. Eso a la fecha no ha resuelto nada.