El 19 de mayo de los corrientes en la maloca del resguardo indígena El Remanso del municipio Inírida en el departamento del Guainía, el presidente de la República, como corresponde, sancionó la ley 2294 por medio de la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Allí se reitera que el propósito central del PND es alcanzar la paz en Colombia para finalizar el conflicto interno y superar la violencia endémica que padecemos desde hace más de setenta años. Para concretar esa meta es imprescindible que haya justicia social y ambiental que implica materializar los cinco grupos de transformaciones que cambien el ordenamiento territorial existente, la negación de los derechos a las poblaciones más vulnerables, la transformación de la economía extractiva y superar las desigualdades territoriales.
En la firma de la sanción de la ley el presidente Petro hace la principal pregunta alrededor de la relación de la tierra y la paz ¿Qué pasó con el tema de la tierra en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Por qué le impidieron al Gobierno ir por la tierra?
¿Por qué impedirle al Gobierno que aplique la orden constitucional de que la tierra es propiedad privada con función social y la función social es producir?
Y afirma el sancionador de la ley: “Un Congreso que, sin darse cuenta, nos devolvió siglo y medio de luchas, solo porque había que detener la posibilidad de que el Gobierno del Cambio solucionara el almendrón de la guerra, que es poder distribuir la tierra de una mejor manera.
¿Qué le asustó al Congreso de esa posibilidad, si esa posibilidad es la paz? Vamos a una Reforma Agraria, e implica, dadas las circunstancias, que el Gobierno va por la tierra. Hablaremos para que sea voluntario, pero vamos por la tierra.”
Para el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo “la sanción del Plan de Desarrollo representa un hito para el país. Esta vez, como pocas antes, es el resultado de un estrecho trabajo conjunto entre el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, recogiendo los aportes de todo el Gobierno, del Consejo Nacional de Planeación y de un conjunto amplio de congresistas que trabajaron conjuntamente con el Gobierno en su discusión. Y vale la pena destacar que contó también con múltiples consultas regionales”.
Y afirma “precisamente por ello, quiero resaltar el énfasis que otorga el Plan al desarrollo de los territorios, con sus diversidades sociales, económicas y geográficas y, por ende, la necesidad de partir de ellos para afianzar el desarrollo nacional. La convergencia en el desarrollo de las distintas regiones es uno de sus principales objetivos. Esto resalta la importancia del desarrollo rural en todas sus dimensiones: reforma agraria, mejores servicios sociales y oportunidades económicas para los campesinos y acceso del mundo rural a infraestructuras de todo tipo”.
Como lo dijera categóricamente el jefe del Estado Petro: “A partir de hoy el Gobierno del Cambio gobierna con su Plan de Desarrollo, que se llama Potencia Mundial de la Vida. Ahora sí se necesita un gobierno que sea capaz de aplicarlo, que no tenga el temor, ningún susto.
Aquí el deber ser, y este es un pacto que se firma aquí, con mi mano y las otras manos, es cumplir el Plan de Desarrollo. Volverlo una realidad, no un discurso ni un libro más, que se guarda en los anaqueles del Congreso y de la Presidencia y que nadie más voltea a mirar.
En realidad, es el fluir de 11 y medio de personas que decidieron que eso que se discutía en las manifestaciones, que se decidió en las urnas, se decidiera también como Ley de la República y un Gobierno lo aplicara.
Para la construcción participativa de esta hoja de ruta, dijo el presidente Petro al sancionar la ley, hemos invitado a un diálogo social en condiciones de igualdad.
Se pregunta: ¿Quién invita? Responde: este pueblo que, como un torrente, similar al caudaloso río Inírida, llegó a decir: ¡Basta! Hablemos, pero no para arrodillarnos. Sin transformaciones no hay cambio y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 viabiliza el camino hacia la Paz.