Sin seguridad jurídica

En el segundo país con más abogados del mundo, después de Costa Rica, la justicia debería funcionar bien pues aquí – como en botica – hay ley de todo y para todo.

El que no es abogado se creé abogado, por eso pululan leguleyos por doquier, y cómo no, si en Colombia hay cerca de cien facultades de Derecho con licencia para «fabricar» abogados y 355 de estos profesionales por cada 100 mil habitantes. Somos un país de leyes y de abogados.

Las leyes las hacen los legisladores en el Congreso y para ser congresista no se necesita más que ser ciudadano colombiano mayor de 25 o 30 años, según sea representante o senador, muchos de ellos no son abogados, y lo peor, hacen mal las leyes. Pero las leyes están hechas, ahora vienen los jueces que son los encargados de interpretarlas y aplicarlas, y aquí todo el mundo la interpreta como se le da su gana, a su manera, sacrificando el derecho y la justicia por intereses personales, en un país con una justicia politizada donde muchas decisiones en vez de «jurídicas» son políticas. Es frecuente ver «el choque de trenes» que se presenta entre las altas cortes por la revocatoria de sentencias judiciales amparadas por la cosa juzgada, siendo la Corte Constitucional la que tiene la última palabra para echar atrás, reversar o revocar por vía de tutela cualquier fallo judicial emitido por otra Corte o juez de menor jerarquía.

Por otra parte, la tutela se usa y se abusa, para bien o para mal, cuando no se comparte un fallo, utilizándola para tumbar fallos judiciales, la mayoría de los cuáles están ajustados a derecho, pero dependiendo del poder o la importancia de quien interpone la tutela se manipulan fallos, se cambia de interpretación, varía la jurisprudencia y el precedente judicial a favor del mejor postor, y todo con el propósito de beneficiar a alguien en particular o a un grupo.

En este país hay «vacas sagradas» y parece que Mockus es una de ellas; en mi opinión el fallo del Consejo de Estado que lo despojó de su investidura por estar inhabilitado para contratar a través de su Fundación con entidades del Estado, antes de salir elegido senador, violando el artículo 179 de la Constitución Política que dice que «no podrán ser congresistas, quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros», está en derecho ajustado a la Constitución, mediante sentencia que por ser emitida por la máxima autoridad de lo contencioso- administrativa del país no debería ser cuestionada por nadie, por ser de única instancia.

Ahora aparece el señor De La Calle anunciando como abogado de Mockus que le devolverá la curul a través de una acción de tutela, y no me extrañaría para nada que en este país donde lo que menos existe es seguridad jurídica, la Corte Constitucional revoque el fallo del Consejo de Estado y favorezca con su decisión al señor Mockus, para que siga fungiendo como «Padre de la Patria», a pesar de la inhabilidad existente cuando fue elegido senador de la República, ya que la Constitución es clara así se le quiera hacer el esguince a la ley superior.

Me anticipo a decir que el fallo en la Corte Constitucional será político, a diferencia del jurídico del Consejo de Estado, y nada pasara.

En este país nada sorprende en materia «jurídica», la justicia perdió credibilidad, por eso ya veo montada la tramoya legal para salvar como sea la curul de Mockus, quien seguramente volverá a ser candidato presidencial después de que sea restituido en su curul y de haberse llenado los bolsillos con su «cultura ciudadana» a través de jugosos contratos, un sofisma distractor que él mismo se inventó para sacarle mucha plata al Estado.