Acusaciones contra concejales de Riohacha carecen de pruebas para solicitar pérdida de investidura

“Si de algo carece este proceso, es de pruebas conducentes y pertinentes para edificar la causal de pérdida de investidura alegada, y el comportamiento doloso y gravemente culposo de los concejales acusados que exige el artículo 1° de la ley 1881 de 2018”.

Así se refiere el abogado Álvaro Alario Montero, quien defiende a los concejales Cinthya Ardila y Jorge Mario Ureche, de la demanda en su contra interpuesta por el excandidato a esa corporación, Carlos Julio Moscote.

Cabe anotar que la demanda por pérdida de investidura fue admitida por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

El jurista, quien ya presentó la contestación, afirma que una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administración de justicia, en general, es la concerniente a la prueba de los hechos que se alegan.

“La carga de la prueba es un elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva. Se conoce como principio ‘onusprobandi’, el cual indica que por regla general corresponde a cada parte acreditar los hechos que invocan, tanto los que sirven de base para la demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo”, explicó.

En ese sentido, el jurista precisó que las pruebas aportadas con la demanda no arrojan ni siquiera un indicio. Es decir, el demandante solo se dedicó a realizar afirmaciones sin respaldo probatorio alguno.

“Pero si lo anterior no fuera suficiente, existe un hecho que refulge con contundencia y despeja cualquier duda sobre la conducta de los concejales. Las fotografías fueron tomadas los días 29 y 30 de marzo de 2020 y el contrato 062 fue suscrito el día 31 de marzo de 2020. Luego, ¿cómo entender y explicar que los mercados hayan sido entregados antes de que se suscribiera el contrato o el acta de inicio del mismo? ¿Cómo hizo la Fundación Mundo Verde para adquirir o tener en existencia un volumen tan alto de productos antes de suscribir el contrato?”, puntualizó.

Es de mencionar que la demanda fue interpuesta por Carlos Julio Moscote Medina, quien acusó a los cabildantes de la causal de incompatibilidad, pues haciéndose acompañar por la Fuerza Pública actuaron al recibir, empacar, contabilizar, organizar y entregar los kit alimentarios a las diferentes comunidades, en el marco de la urgencia manifiesta decretada por la administración para atender la pandemia.

El abogado afirma que no aparece en ninguna de las pruebas aportadas por el demandante, el más mínimo indicio de que los concejales Jorge Mario Ureche Moscote y Cinthya Ardila Socarrás,  hayan incurrido en la prohibición del numeral 4° del artículo 45 de la ley 136 de 1994.

“La acusación se basa en una conjetura del actor. No faltaba más que el acto humanitario de la administración municipal, desarrollada en el momento más crítico por el que atraviesa la humanidad, se considere como conducta prohibitiva”, agregó.