Ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Gn y la Fiscalía Anticorrupción fue denunciada la Magistrada Carmen Cecilia Plata Díaz por presunta conducta en prevaricato con incidencia disciplinaria y fiscal.
La denuncia fue realizada por el alcalde electo de Manaure, Juan José Robles Julio, quien indica mediante pruebas que la magistrada tiene vínculos en varios contratos del municipio de Manaure.
“Fungiendo como alcalde de Manaure se presentó solicitud por parte del Personero Municipal para que se realizara informe sobre presuntas irregularidades del Contrato de obra pública No 118 de 2019 suscrito entre la Unión Temporal Cicloruta Manaure y el Municipio de Manaure. El día 19 de agosto de 2020 se me informó sobre posibles hallazgos e irregularidades que generaron un detrimento de los recursos públicos de Manaure”, dijo Juan José Robles Julio en la denuncia.
Indica además Juan José Robles Julio que hay un vínculo familiar de la Magistrada en uno de los convenios.
“La Unión Temporal Cicloruta Manaure está constituida por Lusar Ingeniería y Construcciones S.A.S representada legalmente por Deisy Tapias Quintero, Inversiones Grandes Vías e Ingeniería S.A.S., representada legalmente por José Barrios Redondo y Geoingenieria Limitada representada legalmente por Fernando Enrique Mendoza Plata. Para complementar las presuntas irregularidades que se advirtieron por parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del Municipio de Manaure se aporta el informe fechado 18 de agosto de la presente anualidad, en el que se detallan todas las inconsistencias presentadas en la ejecución del contrato en mención, en el que presuntamente se apropiaron indebidamente de los recursos públicos”, dijo Juan José Robles Julio en la denuncia.
De igual manera indica la denuncia que la Magistrada pese a tener vínculo familiar con el millonario convenio esta actuó como ponente en la suspensión de los efectos de la elección del alcalde Juan José Robles Julio.
“De otra parte, como anteriormente lo expuse en la denuncia que realicé a título personal en el mes de diciembre contra de la Magistrada Carmen Cecilia Plata Jiménez, con este informe que coloco hoy en conocimiento de la Fiscalía, advierto lo siguiente: el día 4 de diciembre de 2019, el señor Carlos Andrés Urbina Morales presentó demanda de nulidad electoral contra el acto administrativo contenido en el formulario E-26 ALC de fecha 27 de octubre de 2019 que me declaró como alcalde de Manaure. El día 9 de diciembre de 2019, se profiere auto con ponencia de la Magistrada Carmen Cecilia Plata Jiménez en la que se suspendió los efectos de mi elección. El día 10 de diciembre de 2019, Manaure bajo el mandato Aldemar Ibarra Mejía realizó un pago final por $1´698.569.630.00 al contrato No 118 de 2019 resaltando que la Unión Temporal Cicloruta Manaure está constituida entre otras por Geoingenieria Limitada representada legalmente por Fernando Enrique Mendoza Plata quien tiene un 60% de la empresa y Enrique Alonso Mendoza Coronado quien tiene un 40%. Siendo ellos hijo y esposo de la Magistrada Carmen Cecilia Plata Jiménez”, se lee.
Agrega que: “El día 11 de diciembre de 2019, el señor Jhon Miller Gómez Mercado (Quien es también supervisor del Contrato de obra pública No 118 de 2019) en calidad de Coordinador del Proceso de Empalme del Alcalde Saliente del Municipio de Maicao, le informó al doctor Edgar Gómez Ibarra Coordinador del Proceso de Empalme del Alcalde Electo que se suspendería el proceso de empalme en virtud de la medida cautelar impuesta por el Tribunal mediante auto, el cual todavía no había sido notificado al demandado y que se encontraba privada en el sistema TYBA Rama Judicial. Por lo que no tenía como saber a detalle tal determinación. Según lo anterior se encuentra fundado el hecho de que existía un interés directo por parte de la Magistrada con el resultado del proceso electoral del municipio de Manaure, máxime si se tiene en consideración que Geoingenieria Limitada empresa de la familia Mendoza Plata ha tenido contratos durante los últimos 3 años, cuyo valor asciendo los seis mil millones de pesos ($6.000.000.000)”, advierte la denuncia.