Contraloría General de la República advierte de irregularidades en desviación del arroyo Bruno

La Contraloría General de la República advirtió de 14 posibles irregularidades, siete de las cuales podrían llegar a ser faltas disciplinarias, por el desvío del arroyo Bruno, puesto que las decisiones tomadas no están basadas en decisiones científicas y no fueron tenidas en cuenta las comunidades que tuvieron que demandar para ser escuchadas como La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, al oponerse al proyecto.

Las posibles irregularidades se consignan en un extenso documento que trabajó la contralora Delegada para Asuntos Ambientales, Walfa Téllez y que involucra al Ministerio del Medio Ambiente, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –Anla– y a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –Corpoguajira–.

Una de las posibles irregularidades tiene que ver con que no se ha establecido la hoja de ruta para cumplir con las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional que suspendió la desviación del arroyo por no conocerse con certeza los impactos ambientales y sociales del proyecto.

Es decir, de acuerdo a la contralora Delegada para Asuntos Ambientales, después de tres años ni el Ministerio de Ambiente ni la Anla ni Corpoguajira, han cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional.

En uno de los apartes del informe de la Contraloría General, se advierte que “a pesar de haberse autorizado desde 1983 la operación minera de Cerrejón y sus posteriores modificaciones, entre otras, las expansiones del área de explotación, que implicaba intervenciones como el desvío del cauce del arroyo Bruno, no se encuentran sujetas al régimen jurídico ambiental vigente”.

De acuerdo a la Contraloría, la hoja de ruta no se ha cumplido por la falta de planeación y coordinación entre las entidades que conforman la mesa que el Consejo de Estado había ordenado integrar en el 2016, para definir sobre los impactos ambientales y sociales que podría generar el desvío del arroyo Bruno.

En el informe, Walfa Téllez da cuenta del análisis a la orden de evaluar el retorno del arroyo a su cauce natural de manera provisional, a lo que el Ministerio de Ambiente presentó varios informes con información incompleta y temas no abordados, que considera como otra posible irregularidad.

Las entidades vinculadas a la investigación que sigue la Contraloría cuentan con 15 días para elaborar planes de mejoramiento que subsanen los incumplimientos a la sentencia de la Corte Constitucional.