Corte Constitucional falla a favor de la comunidad indígena de Provincial

La Corte Constitucional en un nuevo fallo ordenó a la empresa Cerrejón para que en un mes controle las emisiones de material particulado que tiene que ver con la explotación de carbón, hasta que el Ministerio de Ambiente y la empresa “acuerden un estándar que tenga en cuenta las particularidades de las operaciones extractivas a cielo abierto y la protección efectiva de los derechos fundamentales de la comunidad del resguardo indígena de Provincial”.

Además, se ordenó a la multinacional que realice labores de limpieza exhaustivas de polvillo de carbón en las viviendas del resguardo, en los pozos de agua que utilizan y en la vegetación circundante.

Deben también disminuir el nivel de ruidos y que impida la contaminación de fuentes hídricas por la acción de aguas de escorrentía que provienen de la mina u otras zonas utilizadas por la empresa.

La decisión obedece a una tutela presentada por Mary Luz Uriana y Yasmina Uriana, del resguardo de Provincial en contra de Cerrejón, los ministerios de Ambiente y Salud, la Autoridad de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

Las líderes wayuú solicitaron en la acción de tutela protección para sus derechos a la vida, la integridad, la salud y el medio ambiente, que consideran en grave peligro por la cercanía del resguardo a la mina.

En el escrito las mujeres wayuú advierten que la extracción a cielo abierto que se realiza con explosivos tiene lugar las 24 horas durante los siete días, soportan además temblores diarios, el polvillo de carbón llega hasta sus casas, plantas y animales y advierten del olor a azufre o carbón quemado que es permanente.

Refieren también en la tutela que el agua está contaminada, además de enfermedades en los pulmones, en la sangre, en la piel, a lo que se suma la compra de predios que los indígenas usaban como caminos o vías de pastoreo, razón por la cual ahora se encuentran hacinados.

El relato tiene que ver con un estudio realizado por la Universidad del Sinú y la de Río Grande do Sul (Brasil) en colaboración con Colciencias, en que se dice por ejemplo que “los habitantes del corredor minero mostraron altas concentraciones de cromo, níquel, manganeso y bromo en la sangre”.

En el fallo, se indica también que el Tribunal de Riohacha recibió varios testimonios de la comunidad afectada, y concluyó que aunque se ha verificado que la explotación minera ha causado daños ambientales con afectaciones en la vida de los indígenas del reguardo de Provincial, debía probar claramente las afectaciones que denunciaron.

La empresa

En el desarrollo de la acción legal, se da cuenta que la empresa Cerrejón explicó que las emisiones de material particulado están identificadas y controladas con los más altos estándares a nivel nacional e internacional.

Además, que no existían bases científicas sólidas para certificar sobre los supuestos daños ambientales del que se les acusaba, como también negó la presencia de sustancias contaminantes como benceno y aseguró que el monóxido de carbono arrojó valores muy cercanos al límite permisible ocupacional.

En su defensa la multinacional insistió en que no se debían suspender las operaciones, solicitud de que fue acatada por la Corte pero le aplicó el principio de precaución.

Otras consideraciones

Cabe destacar que la Corte Constitucional estudió en detalle una serie de documentos, entre ellos uno de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, que revela que la calidad del aire del resguardo ha sido “significativamente afectada por la permanente emisión de polvos y partículas, la emisión de ruido especialmente en horas nocturnas y olores ofensivos”.

Además que las fuentes de agua superficial y subterránea son afectadas por la actividad minera, que a consideración de la Corte, es uno de los efectos más relevantes.

Los magistrados estudiaron también información que recibieron de la Universidad de Cartagena y otras entidades estatales y educativas, que coinciden en diversos hallazgos sobre el estado de los cuerpos de agua, del aire, de la flora y fauna de esa zona de La Guajira.

Por esas consideraciones, la Corte Constitucional reafirma que la comunidad indígena del resguardo de Provincial sí está en peligro y sus denuncias son válidas y soportadas.