Diez municipios de La Guajira no expidieron el decreto de categorización y podrían recibir sanciones

Los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Urumita y Villanueva,  fueron categorizados por la Contaduría General de la Nación, por no expedir el respectivo decreto antes del 31 de octubre de 2020.

Esta situación les implicaría una posible investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, toda vez que no cumplieron con ese requisito establecido en la Ley 617 de 2000 que establece que si el respectivo alcalde no expide el decreto, dicha categorización será fijada por el contador General en el mes de noviembre.

Solo la Gobernación de La Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de El Molino, Fonseca, Hatonuevo y Uribia, cumplieron a cabalidad con la citada ley.

Luis Alonso Colmenares, excontador General de la Nación, en conversación con Cardenal Stereo, indicó que esta situación traería posibles sanciones tanto a los mandatarios como a los secretarios de Planeación y Hacienda de cada municipio.  

“Desde el punto de vista de las consecuencias hay que discutir dos cosas: uno es las que tendrían que asumir los funcionarios que no cumplieron con ese deber, en principio por supuesto el alcalde porque es quien tiene que expedir el acto administrativo, pero conjuntamente con él están los miembros del gabinete, ese proyecto de normas lo tienen que preparar las áreas de Planeación, Hacienda y Jurídica; por esa misma vía ellos también tendrán que asumir responsabilidades de carácter disciplinaria”, dijo.

En cuanto al ente territorial, expresó que los no hayan expedido ese acto administrativo tendrán limitaciones para acceder a recursos en el sistema financiero.

“(…) limitaciones que se le crean para acceder a recursos en el sistema financiero y además de que existe en la Ley 715 del Sistema General de Participaciones un apoyo adicional que la nación le da a aquellas entidades que tienen organizados todos sus procesos de rendición de información”, sostuvo.

Para Colmenares, llama grandemente la atención cómo a una administración se le puede pasar por alto un tema tan sencillo.

“Uno no puede entender como una administración no esté atenta al cumplimiento de un deber legal de esta naturaleza, sobre todo porque el hecho de categorizar presupuestalmente la entidad territorial, le define al mismo tiempo el porcentaje del presupuesto que se le tiene que asignar a las corporaciones públicas, quiero decir Concejos y Asamblea y a los órganos de control, Contraloría y Personería (…) llevan diez meses en la administración y todavía no se dieron cuenta que había que expedir ese acto administrativo antes del 31 de octubre, es inconcebible”, agregó.

Señaló la expedición de este acto como imprescindible, porque “no puede haber vigencia fiscal sin categorización ni categorización sin vigencia fiscal”.

“Que quiere decir esto, que es un acto imprescindible, entonces como lo tienen que enviar al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación en octubre, durante el mes de noviembre le comunican a la Contaduría General de la Nación quiénes no enviaron ese acto administrativo, de no hacerlo el mismo contador le define la categoría. Una vez el contador expide esa resolución le remite copia al procurador para lo de su competencia y la Procuraduría desde el año 2000 ha impuesto sanciones”, apuntó.

San Juan y Barrancas se defienden

Una vez conocida la información, los secretarios de Hacienda de San Juan del Cesar y Barrancas aseguraron que sus municipios sí cumplieron con la expedición del acto administrativo.

Diego Vega, secretario de Hacienda de San Juan, manifestó que haciendo uso de lo que establece la Ley 617, enviaron el decreto a la funcionaria de la Contaduría General.

“Se lo enviamos a la funcionaria de la Contaduría General para lo pertinente. Allí al parecer lo que ha pasado es que ella solicitó a unos correos que ya no existen, subsanar unas fechas. Pero el municipio está categorizado según la información del Dane”, dijo.

Por su parte, Isaac Carrillo, jefe de la cartera de Hacienda de Barrancas, precisó la administración expidió el decreto el 28 de octubre, sin embargo, el pasado 5 de noviembre recibieron una comunicación donde les requerían el documento.

“El municipio de Barrancas de fecha 5 de noviembre recibimos una comunicación de la doctora Elvia Rosa Rodríguez donde nos requería el decreto de categorización expedido en el año 2019 entonces el 6 de noviembre se envía, el mismo que se envió a Planeación departamental. La ley estipula que el decreto debe ser expedido por el alcalde antes del 31 de octubre fue así como nosotros mandamos el de 2019 (081) y el 084 que cobija el de 2021, fue expedido el 28 de octubre, el decreto está expedido en la fecha estipulada y enviado a la Contaduría”, explicó.

Posteriormente, precisó, la funcionaria le contestó el recibido y no se les ha hecho ningún requerimiento al respecto.

“Sin embargo ayer cuando salió la noticia yo volví y me comuniqué con la doctora Elvia Rosa y me contesta que recibió copia del decreto de categorización  2021, esto quiere decir que nosotros sí cumplimos y que la categorización se mantiene porque expedimos el acto en la fecha que exige la ley”, puntualizó.

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