Empresa Sur Azul modificó cronograma para contratar operador de los servicios de acueducto y alcantarillado

Para atender un pronunciamiento de la Procuraduría 91 Judicial para Asuntos Administrativos de La Guajira, frente a varias irregularidades detectadas, el gerente de la empresa Sur Azul, Jacob Arnaldo Brito Brito, confirmó que se modificó el cronograma del proceso de contratación para vincular un operador especializado con inversión que preste los servicios de acueducto y alcantarillado de los municipios de Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, San Juan del Cesar y Villanueva.

De acuerdo a la adenda 8, la audiencia pública de adjudicación se tiene prevista para este 20 de diciembre a las 10 de la mañana en la Alcaldía de Distracción, y la firma del contrato hasta el 30 de diciembre de 2019.

Para los procuradores, luego de revisar los documentos del proceso contractual, en especial el de estudios previos, términos de referencia definitivos y el anexo análisis del sector, es claro que existe una vulneración al principio de planeación.

Expresan que al revisar los documentos se verifica que el estructurador solo hace referencias teóricas y abstractas, lo que patentiza que los mismos fueron instituidos en los términos de referencia en forma subjetiva, es decir, por la mera discreción del gerente de la empresa Sur Azul S.A, quien lo suscribe.

Argumentan que tal desatención vulnera el principio de planeación que se materializa en la guía establecida por Colombia Compra Eficiente ‘Guía para la elaboración de estudios de sector’ y el decreto 1082/15 que menciona el deber de realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, dejando constancia en los documentos del proceso.

“Si se compara lo establecido en la guía y el comportamiento de la gerencia se encuentra que no existió un juicioso análisis del sector, siendo la actividad reglada, lo que coloca en riesgo todo el proyecto, en donde además de estar en juego importantes recursos públicos está incito el derecho fundamental al agua potable, además del derecho colectivo de los usuarios de los 7 municipios del sur de La Guajira a que a la prestación de estos servicios sea eficiente”, advierten los procuradores.

Puntualizan que también se desnaturaliza el deber de selección objetiva que se materializa mediante el establecimiento de requisitos habilitantes y que surgen no de la mente de un funcionario, sino precisamente del estudio adecuado del sector.

En el documento se indican de otras series de falencias que tienen que ver, por ejemplo, con la imposibilidad jurídica que los proponentes se presenten a los procesos de contratación con el Estado, como promesa de sociedad futura, así como la omisión de expedir y publicar avisos y el acto de apertura de la licitación.