El asesor jurídico de la Gobernación de La Guajira, Víctor Deluque Escolar, interpuso una denuncia contra la Universidad de La Guajira ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, por las acciones administrativas de cobros coactivos que realiza el primer centro de educación superior de la península.
El gobierno departamental deja saber que los cobros realizados por la Universidad son ilegales y no se ajustan a la normatividad.
En el documento radicado en la Defensoría del Pueblo, la oficina jurídica de la Gobernación solicita su intervención para que cesen las acciones que están vulnerando derechos fundamentales.
Solicitan también la intervención del Ministerio Público, como mecanismo transitorio para reclamar actuaciones realizadas por la Tesorería de la universidad, y suspender la ocurrencia de perjuicios irremediables en la protección a derechos fundamentales violados que llevan a la interrupción del funcionamiento institucional del departamento de La Guajira.
En el documento radicado en la Defensoría, se indica una serie de actuaciones que generan el trámite de la queja, como el desarrollo de la liquidación y puesta en práctica de cuatro procesos de cobro coactivo adelantados irregularmente por la Universidad de La Guajira, los cuales se han desarrollado violando el cumplimiento de todas las normas procesales de la materia, generando anomalías sistemáticas en cada uno de los procesos.
En el documento se indica que la suspensión de los servicios públicos desarrollados por el departamento de La Guajira, en los cuales se ha presentado una interrupción en la aplicación de los derechos fundamentales, debido al embargo indiscriminado de todas las cuentas bancarias del Departamento, entre las cuales se aprecian cuentas con destinación específica a terceros como las correspondientes a servicios públicos de salud, educación, saneamiento básico, transferencias del Sistema General de Participación, cuentas adicionadas al presupuesto para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, recursos de regalías, cuentas de nómina.
Adicionalmente también se aplicó embargo a las cuentas de tributos con destinación específica y protección constitucional, cuenta para pagos de comparendos, estampillas por adulto mayor, prodesarrollo departamental, fronterizo, pro electrificación rural, impuesto nacional al consumo de telefonía, además de tributos con destinación específica al servicio público de seguridad social en salud como son los ingresos proestampilla al consumo, y apuestas permanentes adicionalmente a los ingresos fruto de monopolios como los juegos de suerte y azar, y de bebidas alcohólicas.
El rector
En tanto el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles Julio, aseguró que seguirá defendiendo los intereses de los estudiantes para que la administración departamental gire de manera oportuna los recursos económicos que tienen que ver con el pago de la ordenanza que se traducen en las ordenanzas que tienen que ver con la gratuidad de la educación.
Expresó que el primer centro de educación superior cuenta con todos los argumentos de ley, para reclamar el pago de ley 30 y las ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008, cuyos recursos suman más de 90 mil millones de pesos.
Advirtió el funcionario que la institución solicitará una audiencia pública de rendición de cuentas, con la presencia de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Diario del Norte conoció que en el desarrollo de la audiencia se tiene previsto la entrega de una serie de pruebas donde se demuestra algunas maniobras de la administración departamental para evadir los embargos de la Universidad.
La audiencia pública se realizará ante la Procuraduría General de la Nación en presencia de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.