Inestabilidad administrativa ha causado grandes brechas en el Departamento

La Guajira ha vivido una situación de interinidad recurrente desde el 2013, año en el cual fue encarcelado el gobernador Juan Francisco Gómez por diversos cargos en su contra. En febrero de 2014 presentó su renuncia que fue aceptada por el presidente de la República.

En este año se realizaron elecciones atípicas que dieron como ganador de la contienda al gobernador José María Ballesteros, cargo que ocupó solo entre 2014 y 2015 al ser también investigado y al habérsele impuesto una medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad territorial.

Durante las elecciones regionales de 2015 se eligió a Oneida Pinto como nueva mandataria, cargo que ocupó durante 5 meses al ser anulada la elección por el Consejo de Estado al considerar que se violó el régimen de inhabilidades que establece una prohibición para quien resulte elegido como alcalde, no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular dentro de los 12 meses siguientes. Pinto, también fue investigada por presuntas irregularidades en un contrato cuando fungió como alcaldesa de Albania.

En junio de 2016 el Gobierno nacional decidió nombrar gobernador (e) a Jorge Enrique Vélez, cargo que ejerció durante 3 meses, ya que se estableció que el 6 de noviembre de ese año se celebrarían elecciones atípicas para que los guajiros escogieran a su nuevo gobernador.

En estas elecciones salió como vencedor de la contienda Wilmer González. No obstante, este fue separado del cargo por investigaciones relacionadas con irregularidades en el manejo de las finanzas del Departamento, siendo reemplazado por Weildler Guerra Curvelo por designación del presidente Juan Manuel Santos y posteriormente por Tania Buitrago González.

Meses después Wilmer González retornó al Palacio de La Marina, no obstante finalmente fue apartado para rendir cuentas ante la justicia, quedando en el encargo su secretario de Gobierno, Wilson Rojas, quien ejerció como mandatario (e) durante 6 meses.

El pasado mes de mayo por designación del presidente de la República, Iván Duque, la Gobernación quedó en manos de Wilbert Hernández Sierra, quien asumió a principios de junio anterior.

Como se ha podido constatar, en menos de siete años, La Guajira ha tenido 7 gobernadores. Sumado a la situación de interinidad, evidenciada en la inestabilidad de los gobernadores, se encuentra la agudización de la crisis diplomática con Venezuela que generó el cierre de fronteras y la disminución radical del comercio con el país vecino desde el 2015. Actualmente la frontera se encuentra cerrada totalmente por orden del ejecutivo de Venezuela, lo que ha impactado negativamente la economía del Departamento.

En este escenario, es importante analizar el estado de factores y prácticas de gestión y administración tributaria en La Guajira, con el fin de identificar las principales debilidades, así como oportunidades que tiene el Departamento para superar las dificultades.

Planta de personal

La planta de personal está constituida por pocas personas en relación con las funciones establecidas para la dependencia. Solo tres de los funcionarios están vinculados a la entidad dentro de la planta y dos como funcionarios de libre nombramiento y remoción, incluyendo al secretario. El resto de personal trabajando para la secretaría lo hace a través de la modalidad de contratos de prestación de servicios.

El constante cambio de gobernador genera traumatismos particulares en este ámbito, aumentado por la vinculación del personal a través de la modalidad de prestación de servicio. Estas afectaciones se ven reflejadas en la alta tasa de rotación de personal, situación que genera un desgaste para la entidad al estar capacitando constantemente al personal nuevo, así como el detenimiento de los procesos que se llevan en la misma.

Es importante destacar la presión que los embargos, producidos por decisiones judiciales en contra de la entidad, ejercen sobre esta, ya que afecta el flujo de recursos y la capacidad de inversión. En este sentido, es fundamental tener en cuenta las posibles debilidades jurídicas relacionadas con el reducido número de la planta de personal de la Gobernación para asumir los pasivos contingentes y que degenera en la perpetuación de un ciclo vicioso de embargos que aumentan cada vez más estos pasivos contingentes.

Se requiere recursos humanos suficientes y capacitados en normas ISO9000 y en procesos acordes con las normativas internacionales de contabilidad en el sector público. Estado de factores

El software contable de la entidad es el PST Es un sistema que maneja una arquitectura cliente-servidor, en el cual la entidad territorial está conectada a un servidor en el que se centralizan los recursos y aplicaciones con que se cuenta y son mostrados al cliente cada vez que este lo solicita. Una de las dificultades que tiene este sistema es justamente la centralización del tiempo de respuesta ante fallos y sus falencias en el tiempo de procesamiento y confiabilidad.

Se generan inconvenientes en la parametrización que establece el software que es difícilmente actualizable y en la aplicación de normas actuales relacionadas con el manejo de la información financiera. La Gobernación tiene licencia del PST de 3 módulos de tesorería, contabilidad y presupuesto, quedando hasta el momento excluido el módulo de renta.

El sistema no realiza backups automáticamente por lo que los funcionarios de la secretaría realizan tres copias de seguridad diarias. No obstante, esta deficiencia se ha visto reflejada y agravada por la obsolescencia de los equipos con los que cuenta la entidad. El sistema depende del servidor que es obsoleto y presenta constantemente fallas que afectan la seguridad de la información. Como consecuencias de estos fallos se destaca el cese de flujo de información necesaria para los procedimientos y funcionamiento de Hacienda, así como el cese de reporte de información financiera hacia la nación que puede tener implicaciones legales y disciplinarias en relación con los órganos de control y el gobierno nacional.

Adicionalmente, por el estado de la infraestructura eléctrica del Departamento, son constantes los fallos de la energía y las oficinas no cuentan con una planta de respaldo adecuada, capaz de impedir el apagón generalizado de los equipos y la pérdida de información.

Estado de procesos

El estatuto tributario de La Guajira fue expedido a través de la ordenanza 2302 de 2014, y no cuenta con la actualización de la reforma tributaria realizada en 2017 que incluye algunos cambios en relación con medidas para fomentar el pago de impuestos.

El sistema que maneja la Gobernación no permite el registro contable ni la sistematización de los ‘paz y salvo’, lo que se constituye como un desincentivo para los ciudadanos.

Los procesos contables no están estandarizados, es decir, no existe un manual de procedimiento, lo que tiene consecuencias negativas para el funcionamiento de la Gobernación ya que, sumado a la alta rotación de personal, genera que estos se estanquen o en algunos casos se pierdan.

Por otra parte, el estado de avance de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (Nicsp) en La Guajira es deficiente. Estas se establecieron en el marco del proceso de modernización de la Regulación Contable Pública en Colombia a cargo de la Contaduría General de la Nación. Estas son un conjunto de estándares internacionales de contabilidad planteadas por el Comité Internacional de Estándares de Contabilidad para el Sector Público.

Las Nicsp con normas basadas en el método contable de acumulación que establecen los requisitos para la elaboración de informes financieros que realizan los gobiernos y otras entidades del sector público que no sean empresas comerciales del Gobierno. Estas se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) y surgió de la necesidad de adaptar este tipo de normas al sector público. Con estas se busca mejorar la calidad y comparabilidad de la información financiera públicamente disponible y generar evaluaciones mejor informadas de las decisiones en relación con la asignación de recursos de los gobiernos.

La Contaduría ha realizado un acompañamiento a la entidad para realizar un análisis de su estado contable y emitir recomendaciones. En la actualidad se espera que se establezcan estrategias para mejorar aspectos logísticos, humanos y tecnológicos que permita actualizar contabilidad del Departamento.

Por último, la Secretaría de Hacienda no cuenta con una oficina particular de control interno, no obstante, la oficina de control interno administrativo hace sus veces, realizando auditorías a la dependencia.