Siete casos sobre delitos sexuales que tienen que ver con La Guajira, estudia actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, informó la presidenta de ese tribunal especial, Patricia Linares, en el marco del Foro ‘Voces de las Victimas: diálogo intercultural y justicia restaurativa’, que se realizó ayer en Riohacha.
“Se están trabajando los distintos informes en la JEP, ya se han abierto siete casos, uno de ellos es sobre reclutamiento forzado que incluye la violencia sexual de menores en el marco del conflicto armado”, dijo.
Asimismo, informó que se está trabajando en el tema, el cual es muy complejo, delicado y extenso.
La alta funcionaria expresó que la preparación y el diseño de un caso de violencia sexual requieren su tiempo, pero confía que seguramente en un futuro no tan lejano se conocerán los primeros informes.
Recordó que los delitos sexuales que son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo a lo consignado en el acuerdo final de paz, son aquellos cometidos con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto y que reúnen las características para erigirse como crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
“Esos son los delitos competencia de la JEP, cometidos por los comparecientes ante la Jurisdicción, forzosos especialmente los que lleguen y cometidos antes del 1 de diciembre de 2016”, manifestó.
En ese sentido, la JEP para armar lo que se denominan los macro casos, debe partir de los informes que entregan distintas entidades públicas, como quedó consignado en el acuerdo final y como se ratifica en la normativa vigente, como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, jurisdicción ordinaria y penal militar, pero principalmente de los informes que entregan las organizaciones de víctimas.
Patricia Linares fue enfática al decir que han recibido alrededor de 170 informes, algunos que individualizan algún tipo de victimización, otros del impacto de la guerra interna en un específico territorio y con la vulneración sistemática y prolongada a derechos colectivos, entre ellos están los pueblos indígenas que han sufrido la agresión de la guerra en sus distintos integrantes, pero también fundamentalmente en su territorio.
Estos informes suelen incorporar distintos tipos de victimización como a través de la comisión de delitos sexuales.
La presidenta de la JEP también aseguró que concertar un proceso de paz significa grandes sacrificios para la sociedad que pasa por una justicia distinta y retributiva.
“Que mejores maestros para esa justicia restaurativa que nos impone a nosotros la constitución y la ley que los pueblos indígenas que la han venido aplicando a lo largo de los siglos”, puntualizó.
En tanto, el Procurador Fernando Carrillo, quien también participó en el foro, señaló que la Justicia Especial para la Paz es el más grande reto de fortalecimiento democrático del país.
