Juez de Hatonuevo afirma que su despacho no ordenó embargos del Fondo de Seguridad Territorial

La semana pasada  el Comité de Orden Público de La Guajira envió un oficio al Juez Promiscuo Municipal de Hatonuevo para que aclare lo ordenado en la Sentencia #080-20 teniendo en cuenta la inembargabilidad del Fondo de Seguridad Territorial –Fonset–.

Sin embargo, esta semana el juez Promiscuo del municipio de Hatonuevo, Adrián David Rumbo López, respondió de manera tajante que su despacho no ha ordenado embargos en contra del Departamento, refiriéndose a una acción de tutela promovida por Rafael Vega Brito contra el banco BBVA Colombia.

La carta del Comité está fundamentada en el embargo a los recursos del Fondo de Seguridad Territorial de La Guajira, que por ser de destinación específica, son inembargables y que tiene que ver con la acción de tutela que tramitó el togado.

Explicó que los embargos fueron ordenados mediante procesos de Jurisdicción Coactiva por parte de la Universidad de La Guajira al Banco BBVA para que fueran aplicados a los dineros que no tuvieran la calidad de inembargables, lo que se puede extraer de los documentos aportados en la contestación que hace el primer centro de educación superior de La Guajira.

Precisó el juez que la entidad financiera tenía la potestad de abstenerse de aplicar la medida de embargo, si tenía la certeza de que se trataban de recursos inembargables, ya que el banco es el que conoce de dónde provienen los recursos. En ese mismo sentido, el juez Adrián Rumbo López, dijo que  ante la respuesta ofrecida por la entidad accionada y las vinculadas y los soportes aportados por cada una de ellas, tomó la decisión que consideró ajustada a Derecho, teniendo en cuenta las normas legales, pero sin desconocer los pronunciamientos de las altas Cortes, que de manera reiterada han venido haciendo énfasis en la inembargabilidad de los recursos propios del Estado y las entidades territoriales.

Argumentó que las altas Cortes señalan de manera enfática que el principio de inembargabilidad no es absoluto y se han planteado excepciones que fueron desarrolladas y fundamentadas en las consideraciones de la providencia proferida por ese despacho.

“Ahora bien, como quiera que la medida de embargo ordenada por la Universidad de La Guajira en contra del Departamento iba dirigida a los recursos propios que no tuvieran la calidad de inembargables, el banco accionado debe aplicarla solamente sobre dichos recursos y abstenerse de aplicarla a los recursos que gocen de dicha calidad, recuerden que no fue este despacho el que imparte orden al respecto”, expresó.

Así mismo, añadió el juez que no podía aclarar de una manera más profunda el sentido del fallo, toda vez que aún se encuentra el trámite en segunda instancia, por lo que no le es permitido remitir piezas procesales por carecer en ese momento de competencia para hacerlo, puesto que dicha decisión está siendo revisada por el superior y este despacho debe obedecer y cumplir lo que en esa instancia se resuelva.

En el escrito, el togado aclaró también que al proceso fue vinculada la Administración Departamental, para que actuara en defensa de los propios intereses que se debatían. Entidad que solicitó se les desvincularan del mismo, pues ellos no se encontraban vulnerando derecho alguno del accionante y que la decisión al respecto la debía tomar el banco accionado, ya que ellos habían aplicado la medida de embargo y los dineros estaban a su disposición y que “a nuestro despacho le correspondía aplicar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en favor del Departamento”.

Por su parte, el contralor departamental de La Guajira, José Manuel Moscote, en una comunicación enviada al juez le solicitó que lo desvinculara del proceso de la acción de tutela referenciada.

“Este ente de control no puede tener injerencia en la toma de decisiones que sean competencia de las entidades vigiladas, ya que nos corresponde un control posterior y selectivo de su gestión fiscal”, aclaró.