Juzgado de Riohacha decretó suspensión del acuerdo 032 del Concejo que concede facultades al alcalde

El Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha a través de una medida cautelar, decretó la suspensión de los efectos del acuerdo 032 de 2018, por medio del cual se conceden autorizaciones al alcalde en materia de servicios de acueducto y alcantarillado por parte de los concejales.

De acuerdo a la denuncia interpuesta por la abogada Hilda Rosa Alean Mosquera, apoderada de la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado –Asaa–, la solicitud de la medida cautelar se fundamenta en que no se cumplieron las etapas de sanción y publicación, además de revisión por parte del gobernador de La Guajira, de conformidad con los postulados de la ley 136 de 1994 en sus artículos 76,81 y 82.

Afirma la demandante, que el acto impugnado fue expedido de manera irregular argumentando que el mismo día en que se surtió su segundo debate, el 28 de diciembre de 2018, fue remitido al alcalde y al día siguiente, sábado 29 de diciembre de 2018, procedió a su sanción, cuando contaba con un término de 5 días hábiles siguientes a su aprobación para sancionarlo, irregularidad que considera vicia su legalidad.

La situación tiene que ver con una clara violación al artículo 76 de la ley 136 de 1994 y el artículo 96 del reglamento interno, toda vez que se aduce que el mandatario distrital no se tomó el suficiente tiempo para realizar el análisis integral del acuerdo y así determinar la procedencia de su sanción, recordando que la firma no es un mero acto de trámite sino un presupuesto de validez.

Además, cuestiona la demandante que el alcalde haya sancionado el acuerdo 032 de 2018 el sábado 29 de diciembre, día no laboral para la administración, pues en su criterio debió hacerlo en día hábil o laboral, máxime cuando expidió el 28 de diciembre la resolución 022 de 2019, en donde declara los días 31 de diciembre de 2018 y 2 de enero de 2019 como hábiles, por lo que no entiende por qué no incluyó en el citado decreto el día 29 de diciembre si tenía pensado laborar, inclusive sancionar el acuerdo citado.

Deber de objeción

También plantea que existía un deber de objeción por parte del alcalde por razones de inconveniencia y de derecho, ya que al tener en cuenta cuál era el objeto del acuerdo para que se adelantaran gestiones administrativas, técnicas y logísticas para asegurar la continuidad y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, las cuales consistían en determinar la conveniencia o inconveniencia de concesionar dichos servicios con un operador en la forma establecida en la ley 142 de 1994, el alcalde no requería autorización para adelantarlas.

Expresa que de conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo debe decidir sobre la autorización en los siguientes casos: contratación de empréstitos, contratos que comprometen vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones y las demás que determine la ley.

Por lo tanto, la objeción debía ser de derecho, puesto que son taxativos los casos en los que se debe solicitar autorización al Concejo distrital, conforme la Constitución Política, ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012.

Además que se violó el artículo 81 de la ley 136 de 1994, que tiene que ver con la publicación, en el sentido que los acuerdos aprobados por los concejos deben ser publicados dentro de los diez siguientes a su sanción, lo que no sucedió toda vez que el mismo día de su sanción se publicó por la emisora Uniguajira Stereo, violando lo que dice la norma.

En ese sentido, la abogada explicó que “el Concejo realizó un trámite exprés al acuerdo 032 de 2018, al publicarlo el mismo día de su sanción, siendo evidente la inmersión de intereses personales y de cualquier otra índole, lo que va en total contravía con lo sustancial de la norma, es decir, el propósito del legislador de otorgar ese término”.

Y advirtió que se violó el artículo 82 de la ley 136 de 1994, referente a la revisión por parte del gobernador de los acuerdos sancionados por el alcalde distrital.

“Por información de la Secretaría de Gobierno departamental habiendo transcurrido cinco meses desde su sanción no ha recibido el citado acuerdo, incumpliendo presupuestos procesales constitucionales, como lo es lo señalado en el artículo 305-10 constitucional y la ley 136 de 1994, por lo que pareciera que el alcalde distrital despoja de manera arbitraria al gobernador de esa atribución legal, resultado de un trámite rápido, veloz, acelerado con aparentes intereses particulares y desfasados de cualquier disposición legal”, señala la denuncia de Hilda Rosa Alean Mosquera.

De igual forma, asegura que no haberse permitido al gobernador realizar el examen jurídico de inconstitucionalidad o inconveniencia reviste el acuerdo 032 de 2018 con vicios de nulidad, porque se configuran flagrantes irregularidades en la expedición del acto.

Además señala que el indebido actuar del Concejo de Riohacha y el alcalde distrital, son de aquellos sustanciales, porque hubiese podido ser otro el sentido de la decisión a través de la revisión del gobernador, quien pudo objetarlo por motivos de inconveniencia o ilegalidad, lo cual consideró como “violar un debido proceso”, que debe ceñirse al momento de la expedición de los acuerdos.

La administración

En el fallo se da cuenta de la repuesta de la administración argumentando, por ejemplo, que la ley no prohíbe la publicación de un acto administrativo el mismo día en que fue proferido e invocando el contenido del artículo 81 de la ley 136 de 1994.

En concordancia con el numeral 9 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, y en ese sentido el principio de publicidad no es restringido al día siguiente, sino que el mismo sea de forma sistemática, permanente o inmediata.

Por su parte, el apoderado del Concejo de Riohacha, precisó que comparadas las normas en las cuales se respalda la suspensión impetrada en el acto demandado, no se alcanza a avistar violación alguna que afecte la invalidez del mismo.