La Guajira se constituye como el departamento con el mayor número de victimizaciones por violencia electoral

A poco menos de cuatro meses de las elecciones regionales, la cifra de personas victimizadas por su participación en procesos electorales continúa creciendo. Así lo dio a conocer el segundo informe del Sistema de Información Sipares, sobre violencia política de cara a las elecciones de 2019.

Desde marzo, los datos muestran un aumento del 56,25% en número de víctimas (88,1%, si se ve desde la cantidad de hechos) y el comportamiento del fenómeno demuestra que distintos actores violentos con intereses sobre los espacios de representación recurren directa e indirectamente al asesinato y la intimidación como mecanismos de competencia.

En línea con las conclusiones del primer ‘Informe de violencia y dinámica electoral’, que desde la Fundación Paz y Reconciliación se construyó con ayuda del sistema de información Sipares, estos últimos meses parecen reafirmar lo siguiente:

1. Los sectores más victimizados son la coalición de oposición y la de Gobierno. Mientras que los partidos tradicionales tienen bajos niveles de victimización.

2. Las regiones donde los hechos ocurren no necesariamente corresponden a zonas históricamente afectadas por el conflicto armado, por ejemplo, La Guajira y Valle del Cauca.

3. En la gran mayoría de los casos no existe un agente perpetrador identificado (75,96%). Para agravar el panorama, la violencia electoral se ha tornado más letal y sigue gravitando mayoritariamente en contra de figuras políticas denunciantes de hechos de corrupción y, crecientemente, en contra de sectores alternativos, lo que significa que no hay una estructura ilegal que tenga como objetivo influir en elecciones. Más bien, son sicarios y agentes que prestan servicios de seguridad privada ilegal que son contratados para cometer estos hechos.

4. La violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política. De acuerdo con esta definición, la violencia electoral es comprendida como una subcategoría de la violencia política, enmarcada temporalmente en el desarrollo de comicios y que es ejercida en contra de individuos o colectivos en aras de afectar el ejercicio de sus derechos políticos.

El informe también describe las variaciones que ha sufrido el fenómeno entre el 1 de abril de 2019 y el 15 de julio de 2019, y se analiza el acumulado de víctimas y hechos victimizantes en contra de perfiles relacionados con el desarrollo de las elecciones regionales desde el arranque del calendario, el 27 de octubre de 2018.

Hechos

Entre el 27 de octubre de 2018 y el 17 de julio de 2019, el sistema de información Sipares de la Fundación Paz y Reconciliación registró 83 hechos de violencia electoral que han dejado un total de 129 víctimas.

En la actualidad los hechos de violencia electoral se han presentado en 23 departamentos (71,87% de todo el territorio nacional). De estos, 7 concentran un 74,41% del total de víctimas: La Guajira (20), Valle del Cauca (18), Tolima (13), Bogotá (12), Nariño (11), Antioquia (11) y Cauca (11) encabezan esta lista.

 

Asimismo, las amenazas continúan siendo el tipo de hecho más recurrente (96), seguido por los atentados (15) y los asesinatos selectivos (12).

Además, los asesinatos, atentados y desapariciones forzadas ocurridos en los últimos tres meses y medio presentan una variación del 85.71% entre abril y lo corrido de julio, siendo mayo el mes que mayor cantidad de víctimas ha registrado en este tipo de hechos, con 3 asesinatos selectivos y 3 atentados. Esta dinámica refleja una intensificación de estas formas de violencia individualizada y letal.

Víctimas

En cuanto a los perfiles de las víctimas, los funcionarios de elección popular permanecen como el segmento con mayor cantidad de registro (51%), siendo los concejales (38), los senadores (9) y los alcaldes (7) quienes encabezan las cifras.

El segundo grupo lo representan los precandidatos, quienes en los últimos 3 meses se han duplicado, pasando de 18 a 37 víctimas, y recogiendo el crecimiento estadístico más crítico entre todos los perfiles analizados.

De estos, 28 aspirarían a alcaldías, 5 a concejos, 3 a gobernaciones y 1 a Asamblea departamental. Además de estos 2 sectores, entre otros, 13 funcionarios y 9 miembros de partidos políticos (en su mayoría de oposición y con distintas funciones en los procesos electorales) han sido víctimas de distintas formas de violencia electoral.

Por su parte, de acuerdo con los datos del sistema de información Sipares, se mantiene la tendencia según la cual los sectores políticos más victimizados son aquellos en crecimiento, es decir, los partidos de oposición y gobierno. Específicamente, desde el 27 de octubre de 2018 la violencia electoral, vista en función de la alineación política, se ha distribuido de la siguiente manera:

1. Los partidos de oposición registran 38 víctimas que reúnen el 30% de todos los hechos y a esta cifra se suma un 2% (3 casos) equivalente a personas que pertenecen a movimientos políticos afines a partidos de oposición. En los últimos tres meses se identificaron 13 nuevos casos en contra de este sector y esto representa una variación porcentual de 20,58%.

2. La coalición de gobierno 25 casos (19,37%) y una variación de 47,05% equivalente a 8 nuevas víctimas entre primero de abril y el 15 de julio de 2019.

3. Los partidos independientes 22 víctimas que recogen el 17,05% (88,33% de variación porcentual).

Finalmente, vale la pena resaltar que la variación geográfica de la violencia electoral no presenta un patrón de sistematicidad identificable. No obstante, los 3 departamentos que registran mayor número de víctimas de acuerdo a su alineación política son: Tolima con 5 casos en contra de miembros de partidos de gobierno, Bogotá con 10 víctimas para el caso de los partidos de oposición y, La Guajira (departamento con mayor número de victimizaciones), con 6 casos a miembros de partidos independientes.

Perpetradores

Conforme avanzan los comicios regionales han aparecido nuevos agentes perpetradores asociados a hechos de violencia electoral. A pesar de lo anterior, y hasta el 15 de julio del presente año, se desconocen los autores del 75,96% de estos hechos. Actualmente, de las 52 amenazas registradas (que suman 96 víctimas), se desconocen el 69,79% de los victimarios y resulta alarmante el hecho de que en ninguno de los 12 asesinatos ocurridos desde el arranque del calendario electoral pudo identificarse un presunto victimario.

‘Las Águilas Negras’ (estructura criminal que no existe) es el agente que más victimizaciones registra con el 17.05% y en cuyo caso predominan las amenazas (22). Aún no se conoce el primer episodio de violencia letal presuntamente perpetrado por estos actores.

 

Dentro de los perfiles más victimizados por este grupo se encuentran precandidatos a la Alcaldía (7 casos), seguido por senadores (4 casos), militantes de partidos políticos (3), gobernadores (2), diputados (2) y una autoridad indígena, un denunciante de corrupción, un representante a la Cámara y un edil. Estos hechos han ocurrido en lugares como Bogotá, Mocoa (Putumayo), El Copey (Cesar), Manaure (La Guajira), Pueblo Rico (Risaralda), Buga, Alcalá (ambos en Valle del Cauca), Pasto y Tumaco (Nariño).

En este segundo informe aparecen nuevos Grupos Armados Organizados, como las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC), ‘Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada’ y ‘Muerte a Enemigos de la Patria’ –MEP– (del cual no se tiene información).

Además, aparece una denuncia de Joaquín Gómez (Partido Farc) quien había anunciado postular su nombre a la Gobernación de La Guajira, pero al final declinó de sus aspiraciones, el que afirma ser perseguido por inteligencia militar.