El alcalde del municipio de El Molino, Juan Pablo Vega Escobar y la secretaria de Gobierno, Karelys Rosado Acosta, fueron notificados de la providencia emanada por el procurador Regional de La Guajira, Alfredo José Moisés Ropaín, mediante la cual se declaran desvirtuados los cargos presentados en una queja interpuesta el pasado mes de marzo.
Del mismo modo, los absuelve de cualquier responsabilidad disciplinaria por la denuncia imputada, sobre hechos relacionados por un presunto detrimento económico en la ejecución del contrato 001 del 24 de marzo del año en curso, por parte de la Fundación Social Creciendo, referente a la compra de elementos e insumos y víveres no perecederos, por valor de 99.247.900 pesos, como estrategia para informar, prevenir y mitigar el riesgo de una posible emergencia sanitaria, ocasionada por la propagación del Covid-19 en el municipio de El Molino.
Según el fallo, ha quedado demostrado que “las actuaciones contractuales desplegadas por parte de los funcionarios estuvieron ajustadas a la norma, sin que existiera vulneración o transgresión de los principios que rigen la contratación estatal”.