Ratifican proceso contra exgobernador de La Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, por presunta corrupción

El proceso por presunta corrupción contra el exgobernador de La Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, continuará su curso de acuerdo a la última decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Pese a que los abogados del exmandatario pedían que se anulara todo lo actuado en el proceso al considerar que a su cliente «se le habían vulnerado sus derechos al debido proceso y a ejercer su legítima defensa», el alto tribunal consideró que estas afirmaciones «no tenían ninguna base jurídica ni sustento probatorio», por lo que rechazó dicha solicitud.

Dicho esto el exgobernador de La Guajira seguirá afrontando el juicio por las presuntas irregularidades que se presentaron durante la construcción del proyecto de vivienda Villa Sharin II Etapa, cuyo objetivo era levantar 150 viviendas de interés social en el año 2000.

En ese momento, el proyecto se fijo con la financiación de recursos provenientes de las cesantías y créditos para adquisición de vivienda otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro para sus afiliados. Dichos dineros pasaron a ser administrados por la Gobernación de La Guajira a través de una cuenta única de destinación específica.

Dos años más tarde, el contrato tuvo que ser suspendido, dado que se determinó la imposibilidad de conectar las viviendas a las redes de alcantarillado y la falta de un plan hidrosanitario avalado por la empresa Aguas de La Guajira.

En ese sentido, las autoridades determinaron que no se adelantó algún tipo de licitación pública ni se realizó una verificación previa para escoger a la constructora responsable del proyecto. Esto habría presentado una vulneración “a los principios de planeación, trasparencia y selección objetiva”.

Por estos hechos, el exgobernador Cuello Blanchar es procesado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En el año 2012, el recién electo gobernador Hernando David Deluque Freyle avaló el pago de $1.326.353.569 para la constructora.  

El mandatario autorizó el giro de esta suma de dinero sin tener en cuenta que el proyecto no había sido entregado y ya se había fijado que no se podía realizar debido a las dificultades que se habían presentado.