Si bien el escándalo del año a nivel mediático es el caso del desfalco al Ministerio de las TICs por parte del consorcio Centros Poblados, el senador Jorge Enrique Robledo advierte que otro posible hecho de corrupción habría pasado de agache. El congresista se refiere a presuntas irregularidades en el proceso de venta de Electricaribe a las empresas Air-e y Afinia.
Desde octubre de 2020, las mencionadas compañías son las encargadas de operar la red eléctrica de los departamentos del norte de Colombia. Sin embargo, Robledo señala que Afinia y Air-e se vieron beneficiados con unos precios muy bajos a la hora de quedarse con el mercado de la costa.
Además el senador señala que la transición irregular de Electricaribe hacia Afinia y Air-e se realizó por parte del ente liquidador bajo instrucciones del presidente Iván Duque.
“Si este país fuera otro, este sería el escándalo más grande de la historia en asuntos de corrupción (…) no es sorprendente que aquí estemos ante un caso como ese. Pero no tengo la certeza porque tampoco se investiga, aquí no hay Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, para que hagan las cosas, entonces estamos en manos de que se le haga la gana al poder ejecutivo, al presidente de la República y a sus empleados», dijo Robledo durante un debate de control político sobre el tema.
«Van a ver que no estoy exagerando y llamo a los medios de comunicación a que le echen ojo a esto. Estamos observando cómo se traspasó del poder público al privado a Electricaribe, de eso se trata este debate, cómo se traspasó, partida en dos, pero finalmente se cogió a una empresa 100% en el poder público, no había un solo privado actuando en Electricaribe y se pasó al poder privado en un proceso absolutamente turbio, encabezado por la Casa de Nariño, por el presidente de la República, utilizando el Plan Nacional de Desarrollo para este horror que han hecho en contra de este país», agregó el senador.
“Cuando se tomó la decisión de convertir a Electricaribe en Air-e y Afinia, el 100% de las decisiones fueron públicas. Nadie del lado de los vendedores actuó que no fuera un servidor público, con un agravante, nos han metido la mentira de que esto todo lo decidieron solitas la liquidadora y la Superintendencia de Servicios Públicos, es obvio que estaban cumpliendo órdenes de la Casa de Nariño”, expresó Robledo.