Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulo decreto que reorienta distribución de estampillas

El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira declaró no ajustado a derecho el Decreto 087 del 30 de marzo de 2020 del departamento de La Guajira “por medio del cual se modifica y se reorienta de manera temporal la distribución de los recursos de las estampillas Prouniversidad y Prodesarrollo Fronterizo mientras persista la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

Además solicita se archive el expediente, previas las anotaciones descargándola del inventario de procesos del despacho ponente.

En el documento se indica que la medida adoptada no resulta ajustada a derecho, pues se insiste, de un lado, en que el gasto de funcionamiento que se pretende cubrir con la reorientación de los recursos recaudados por la Gobernación de La Guajira por concepto de las estampillas, es propio y/o de competencia exclusiva del estamento administrativo y financiero del claustro universitario.

De otro lado, a la luz del 338 constitucional, si bien la ley, las ordenanzas y los acuerdos, pueden autorizar a las autoridades de los distintos niveles territoriales, dentro de los límites debidamente señalados en ellas, para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados, obligatoriamente, por la ley. En las ordenanzas o los acuerdos, por lo tanto, reviste de especial significado la actuación adelantada para garantizar la plena vigencia tanto del principio democrático como de legalidad.

Se precisa también que se observa según lo expuesto en los considerandos del decreto bajo estudio, que el 24 de marzo de 2020 el rector de la Universidad de La Guajira solicitó a la Gobernación ante la situación por la emergencia sanitaria generada por la pandemia, la gestión de recursos para que la comunidad universitaria afectada por esa problemática financiera pudiera estar en sus hogares y suplir a sus familias las necesidades básicas.

En razón de ello, precisan que no se puede concluir que la actuación del gobernador surgió de manera espontánea como lo afirma el agente del Ministerio Público.

En el desarrollo del proceso, el agente insistió en alegar que “los recursos recaudados por concepto de las estampillas Prouniversidad y Prodesarrollo Fronterizo, no fueron objeto de la reorientación de que trata el Decreto 461 de marzo 2020 sino de una desviación irregular  (Sic) a una causa a aquellas que originaron la emergencia económica, social y ecológica, lo cual no solamente  debe ser objeto de la declaratoria de ilegalidad de las medidas sino de investigación penal por parte de las autoridades competentes”.