El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efecto el fallo de un juez de la República que había suspendido la modificación de la Ley de Garantías, por lo que se mantiene en firme el ajuste hecho a esa norma durante la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2022.
“Declárase la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio del veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021), dictado por el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Bogotá, en la forma solicitada por el señor Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, dice el fallo.
Además, el Tribunal determinó que debe ser el Consejo de Estado la instancia que defina si la modificación a la Ley de Garantías es válida o no.
“Le corresponderá entonces al Honorable Consejo de Estado, en el auto admisorio de la acción de tutela, disponer las demás órdenes a que haya lugar, incluyendo la intervención de todas las autoridades territoriales que han concurrido al proceso”, agrega el fallo del Tribunal de Cundinamarca.
Así las cosas, el ajuste hecho a la Ley de Garantías sigue en marcha. Esto significa que el Gobierno Nacional, los entes territoriales y la demás instituciones públicas podrán celebrar convenios administrativos y aprobar proyectos, pese a que el primer semestre del año entrante será en su gran mayoría de campaña electoral.