De enero 2023 ha la fecha, todos los titulares, noticias, columnas de opinión de los medios de comunicación colombianos (hablados, escritos, televisivos), se ocupan cada vez con mayor intensidad de eventuales candidaturas a las alcaldías, gobernaciones, concejos municipales-distritales, asambleas departamentales y a los edilatos de las Juntas Administradoras Locales. Los oráculos de Diario del Norte son un buen ejemplo.
En las redes sociales no puede ser más tóxica la polarización alrededor de nombres que circulan para dirigir municipios, distritos y departamentos. Y ni se diga de ese tema de cuanta conversación cotidiana ocurre en todos los espacios de interlocución familiar, social y política en todas las latitudes territoriales (locales, regionales y nacionales).
Sin embargo, las variopintas nominaciones no van asociadas a propuestas que traten de resolver los problemas de la entidad territorial que se aspira a gobernar si su ciudadanía lo elige con sus votos y le impone un mandato que debe cumplir a riesgo de revocárselo si no concreta y materializa las promesas hechas al elector o electora.
Con este sistema de avalar candidatos por gamonales politiqueros, clientelistas, manzanillos y lentejistas, estamos todavía en la Constitución de 1886 en el sentido de evocar una democracia de representación. Esto es: El elegido o elegida no tiene ningún compromiso ni responsabilidad con quienes le entregan una credencial por el voto popular en tanto sigue promoviendo, entre otras, la venta del sufragio al mejor postor, práctica esta que tanto daño le ha hecho a nuestra precaria democracia.
La ley de leyes promulgada en 1991 pretende institucionalizar la democracia participativa. En desarrollo del anterior modelo político constitutivo legitimado, se establece una indisoluble corresponsabilidad entre el pueblo soberano (constituyente primario) concretada en una ciudadanía con capacidad de elegir mediante un mandato a candidatos que se postulan libremente.
El artículo 259 de la actual Constitución Política entiende por voto programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del Programa de Gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura.
Complementariamente, en desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Norma de normas, la revocatoria del mandato por el incumplimiento del Programa de Gobierno, es un mecanismo de participación popular que está reglamentado en los artículos 15, 43-45 de la ley 1757/2015.
De acuerdo con el calendario electoral, para el último domingo de octubre de los corrientes, el 29 de julio es el plazo máximo para inscribir las candidaturas con el respectivo Programa de Gobierno 2024-2027 a quienes aspiren a ser electos para las 1.122 alcaldías y 32 gobernaciones.
Estamos en la obligación ciudadana de contribuir a la construcción de esos Programas de Gobierno porque conocemos y padecemos la crítica situación de nuestros municipios y Departamento.
No es posible repetir la experiencia de hace cuatro años, cuando esas propuestas incompletas fueron copiadas en forma improvisada e irresponsable de otras realidades locales diferentes a las nuestras en donde se prometía “el oro y el moro” solo para cumplir con el requisito que exigía la Registradora Nacional del Estado Civil.
Parece que no aprendemos la lección, y todos, como ciudadanía, seguimos patrocinando formas tradicionales de hacer la política en los territorios. En esta oportunidad, no se puede repetir la experiencia de las campañas electorales anteriores.
Reclamemos a los candidatos, candidatas, a los que van a entregar avales, inclusive, a los que se inscribirán por firmas, el pertinente Programa de Gobierno 2024-2027 que responda con propuestas específicas a cada una de las entidades territoriales de la región Caribe.
Como dijera el presidente de la República en reciente visita a La Guajira: tenemos que superar en esta ocasión de octubre la triste y paradójica realidad que “elegimos a nuestros propios verdugos”, siempre y cuando votemos libre y soberanamente por las propuestas más viables y factibles, y no por las personas que quieren imponer a toda costa familias, directorios, congresistas, gobernantes salientes, los que tienen ‘la tula’ (el dinero) o los supuestos dirigentes de siempre. Solo así, los Programas de Gobierno se constituyen en verdaderos contratos sociales pactados con la ciudadanía que de no cumplirse posibiliten las respectivas revocatorias del mandato.
