“No solo como magistrado, sino como guajiro, no me perdonaría que en estos cuatro años que me dieron la oportunidad de estar en esta institución, no pueda acabar con ese flagelo que elección tras elección uno escucha. El CNE ha establecido una estrategia para generar alertas tempranas a las autoridades, máxime cuando el delito de trashumancia tiene muchas implicaciones que antes no tenía”, explicó Lacouture Peñaloza.
Asimismo, indicó que anteriormente se hacia una queja administrativa por la cantidad de inscripciones que se presentaban en los municipios y “simplemente lo que se hacía por parte del CNE era tumbar, como se dice popularmente, esas cédulas inscritas para un periodo electoral. Pero ahora, existen unos delitos que llevan implicaciones penales y van con penas de 4 a 9 años”.
Sostuvo el magistrado del CNE que la lupa debe ser puesta especialmente al municipio de Urumita donde el incremento ha sido considerable. “De acuerdo al reporte que nos han pasado, estamos viendo que el municipio de Urumita lleva la bandera negativa en las 15 localidades del Departamento, con relación a la inscripción de cédulas, haciendo una comparación con lo que ocurrió hace 4 años para las elecciones locales”, añadió el magistrado.
En ese sentido, sostuvo que en La Guajira hay un problema de “trashumancia histórica”, es decir, que muchas personas que han votado en algunos municipios, no solo se han inscrito para estas elecciones, sino que también vienen de otros territorios como Valledupar, La Paz, Manaure y votan en localidades del sur del Departamento. “Un ejemplo claro es en municipios como Maicao, se ha visto que gente que vive en Venezuela llega, vota y se regresa”.
“Recientemente salió un fallo del Consejo de Estado y nos pone en la obligación de revisar esas inscripciones viejas. En La Jagua del Pilar, por ejemplo, hay más votantes que habitantes y es un hecho inaudito y ha llamado la atención de todas las autoridades.
Entonces esta es una evidente irregularidad que nos toca empezar a atacar. Desde el CNE estaremos trabajando para regularizar estas anomalías de inscripciones en estos municipios” añadió el villanuevero.
Por otro lado, sobre el porcentaje de crecimiento que se puede presentar en el proceso de inscripción a comparación de las elecciones pasadas, mencionó que estos son muy variables debido al éxodo de venezolanos y de colombianos que han retornado al Departamento y al país.
“Esta es una situación normal y legal, y puede darse un incremento en algunos municipios y esas personas van a tener su derecho a ejercer su voto”, manifestó. Igualmente, anotó que a esta fecha hace cuatro años, en Albania iban casi 2.000 personas inscritas.
“Hoy la situación no es igual porque se ha visto una reducción. En este municipio ahora no nos genera la alerta temprana, pero sí nos llena de incertidumbre por saber quién se inscribió y si efectivamente son residentes de allí en las elecciones de hace 4 años”, precisó el funcionario del Consejo Nacional Electoral.
Hay que especificar que San Juan del Cesar es la localidad con menor inscripción con 4.34%; Villanueva, 14.90%; y El Molino, 22.90%.
Por otra parte, con respecto al tema de la ley 1952 que habla sobre las presuntas incompatibilidades que pueden tener algunos candidatos que aspiran a la Alcaldía y Gobernación, el magistrado prefirió no comprometerse a dar detalles, dado a que en la eventualidad que se presente una circunstancia de esta, es el CNE el que debe conocer a fondo cualquier demanda de inscripción por los aspirantes. “El CNE hasta el momento no ha emitido ningún concepto en torno a los efectos que pueda generar la ley sobre los candidatos y no me puedo adelantar a hablar sobre el tema”, finalizó el magistrado Lacouture.
