El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió a la Corte Constitucional y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, sobre el incumplimiento del Gobierno nacional de la sentencia que protege los derechos fundamentales a la salud, el acceso al agua y la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo wayuú.
El jefe del Ministerio Público se mostró en desacuerdo con el otorgamiento de un nuevo plazo para la ejecución de las órdenes, ante la falta de políticas públicas eficaces y el poco avance en el proceso de diálogo con las comunidades.
“Los resultados de los intentos para construir los indicadores de medición cumpliendo las condiciones exigidas por la Corte Constitucional, así como los derivados de las consultas realizadas en diciembre de 2019, no pueden ser aceptados, pues reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos años y medio de notificada la sentencia, mientras las consecuencias de estos intentos se miden en pérdidas de vidas humanas de los niños wayuu”, precisó el procurador.
Asimismo, señaló que según el informe epidemiológico del Instituto Nacional de Salud correspondiente a la semana 39 de este año, en el departamento de La Guajira han fallecido 30 niños menores de 5 años por desnutrición o causas asociadas a ella. Le siguen los departamentos de Atlántico y Cesar, que reportan 9 y 8 fallecimientos, respectivamente.
“Lo anterior, evidencia la abismal diferencia entre los eventos de mortalidad que se presentan en La Guajira frente a los demás departamentos y en todo caso las cifras de muertes de niños y niñas en la península siguen siendo muy graves”.
Censuró el procurador que más de dos años después del fallo de la Corte que declaró el estado de cosas inconstitucional, además de la reconocida desarticulación “no se cuente con el conocimiento pleno de la oferta institucional del Estado aplicable a las necesidades del Departamento. El plazo otorgado a nuestro juicio ha sido suficiente para que el Gobierno nacional articule propuestas con el enfoque étnico diferencial requerido, producto de un proceso legítimo de consulta con las comunidades”.
Carrillo Flórez aseguró, además, que en 2019 la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, siguiendo las órdenes de la Corte sobre la presentación de los informes de cumplimiento de la sentencia, remitieron al Gobierno la metodología establecida para la presentación de los mismos, sin que hasta la fecha el ejecutivo haya cumplido con su parte.
Para el procurador, el Gobierno nacional no ha logrado coordinar un plan integral y concreto de acción que permita superar la crisis, no ha garantizado un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo wayuú, ni cuenta con personal capacitado y conocedor de sus usos y costumbres.
Explicó que desde el Ministerio Público se han generado espacios de interlocución con las comunidades, audiencias de seguimiento, informes al Tribunal Superior de Riohacha sobre el estado del cumplimiento de la sentencia, acompañamiento a consultas previas, vigilancia a procesos de contratación en la región, e intervención en 16 tutelas accionadas por miembros de las comunidades wayuú o en representación de estas, para reclamar el acceso a la seguridad alimentaria, el agua y la salud.